Posturas mermeladas

 Por: Sofía Gaviria Correa*

 Hace pocos días, me sorprendió leer en la prensa de nuestra Costa Caribe una comunicación de la representante a la Cámara Martha Patricia Villalba, del Partido de la U, en la cual “justifica”

Hace pocos días, me sorprendió leer en la prensa de nuestra Costa Caribe una comunicación de la representante a la Cámara Martha Patricia Villalba, del Partido de la U, en la cual “justifica” la oposición que, en último momento, hizo a nuestro proyecto de Seguridad Alimentaria (que, finalmente, fue hundido en la Cámara, por una formalidad de tiempo, a causa de la presión ejercida por el Gobierno sobre algunos parlamentarios “mermeladas” entre ellos, Villalba).

Aunque el espacio de esta columna no me alcanza para responder a la totalidad de los insostenibles argumentos de Villalba, quisiera, por lo menos, refutar los principales (los demás ya los he rebatido ampliamente en carta abierta, publicada el pasado jueves).

La congresista acusa al proyecto de presentar cifras desactualizadas sobre desnutrición crónica.

Es cierto lo que dice, pero el problema es que no pueden mostrarse estadísticas nuevas, ya que las oficiales del país están desactualizadas debido a que la encuesta Ensin, que es la encargada de confirmar el estado de seguridad o inseguridad alimentaria de Colombia, no ha sido realizada todavía por el Icbf, a pesar de que, como dice la normatividad colombiana, debería haber estado lista en el año 2014.

Desde el 2009, no existen datos ciertos y completos. Las cifras más actualizadas, que hemos incluido en el proyecto de Ley, son las que emite el Sivigila, del Instituto Nacional de Salud, donde se revelan los dolorosos miles de muertes por causas asociadas a la desnutrición ocurridos en los últimos años.

También incluimos estadísticas de la FAO, según la cual Colombia es el único país de nuestra región que no está cumpliendo los compromisos de los Objetivos del Milenio, en cuanto a seguridad alimentaria.

Esos datos son claros y ciertos. Es decir, lo cierto y claro es que Colombia está en inseguridad alimentaria y que sus entidades responsables incumplen sus obligaciones mínimas en materia de veeduría, control, seguimiento y actualización en seguridad alimentaria.

Posteriormente, Villalba asevera que en el proyecto no queda claro cuál sería el impacto presupuestal que tendría la creación de una entidad nueva, en comparación con el fortalecimiento de otras instancias ya existentes. Ante esto, pareciera como si la legisladora no hubiera leído el proyecto, pues, en su artículo 40, queda expreso que el objetivo de la fusión, de la concentración de personas y recursos y de la articulación que se busca, es, precisamente, el de evitar duplicidades y gastos administrativos innecesarios, y que la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional “no representará, en ningún caso, aumento en la nómina de funcionarios, ni incremento en los gastos de funcionamiento y operación de las entidades que hacen parte del Sinsan”.

La congresista Villalba también imputa al proyecto un vicio de constitucionalidad, “al querer modificar la estructura de la administración nacional”, sin ser iniciativa del Gobierno, ni contar con el aval del mismo.

Según parece, Villalba desconoce sus funciones y facultades constitucionales como parlamentaria, pues el artículo 150, Numeral 7, de la Constitución Política faculta al Congreso para crear entidades, fusionarlas y eliminarlas. Es una facultad natural y propia del Congreso que no requiere autorización alguna para ser ejercida.

Es cierto que el artículo 154 establece que deberá haber aval del Gobierno cuando la iniciativa sea parlamentaria, pero la sentencia C-838 de 2008 es clara en que no es necesario que el aval sea dado por todos los ministros, sino que basta con que el ministro del ramo respectivo no rechace expresamente la iniciativa para entenderse avalada.

En el presente caso, el ministro competente de la materia es el de Salud, quien no sólo no rechazó el proyecto, sino que participó en su concepción y, en tres ocasiones, dio su visto bueno, su aval, por escrito, y designó a su viceministro para defender en debate la postura de apoyo al proyecto.

Los demás conceptos no obligan para el mismo. Ni siquiera el del Ministerio de Hacienda, no sólo porque el ministro competente es solamente el de Salud, sino, especialmente, porque no hay aumento del gasto público en un caso como este, en el que se crea una entidad fusionando otras.

No existe por ende vicio de inconstitucionalidad.

Finalmente, Villalba se queja de que el proyecto, en aras de promover la descentralización y de actuar con mayor énfasis en las regiones más afectadas por la desnutrición, contemple como sede principal de la Agencia la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, los intereses del cual, precisamente, se supone que Villalba representa en la Cámara. Esto es el mundo al revés.

Lo único que, para mí, queda claro es que la desnutrición sigue siendo el drama más grave de nuestro país y que Colombia no puede bifurcar sus esfuerzos hacia otros objetivos, mientras no se controle este mal indignante. Por esto, en la legislatura que comienza la próxima semana, presentaré de nuevo este proyecto y me enfocaré, con más energía que nunca, en buscar soluciones para que, en un país rico como Colombia, los niños no se sigan muriendo por desnutrición.

*Senadora de la República