Se destaca la propuesta sobre el pago de las penas para los combatientes de las Farc, en zonas rurales de transición donde habría restricciones de movilidad vigilada por el estado.

Para este comité del NO, es viable la jurisdicción especial de paz siempre y cuando se articule con la justicia ordinaria y no funcione como una rama judicial aparte para evitar choques de trenes.

«No pretendemos ver a los cabecillas de las FARC tras las rejas con camisas a rayas, creemos que debe haber un sistema de justicia transicional y para eso proponemos que el sistema de la jurisdicción especial para la paz esté articulado con la jurisdicción ordinaria…en las penas de reclusión, acudimos a lo establecido en el artículo 77 del estatuto de Roma que exige las llamadas penas de reclusión y donde no hace referencia a los barrotes, sino a limitaciones de la movilidad bajo supervisión Estatal y por eso hablamos de una zonas Rurales de transición en las cuales los que sean juzgados y condenados por la jurisdicción de paz podrán estar», explicó Camilo Gómez, ex comisionado de paz y coequipero de Pastrana

Plantean como su única línea roja que no se incluya el acuerdo a la constitución.

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