Semana Económica Ciberdefensa y Ciberseguridad: de la política pública a las acciones concretas
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_ Los constantes avances tecnológicos han generado enormes retos en materia de defensa y seguridad, buena parte asociados a los riesgos de afectación a nivel nacional y a los que se ven enfrentados empresas y personas en diversos ámbitos. Es por esto, que las organizaciones privadas y el Estado se han visto obligados a invertir una mayor cantidad de recursos en fortalecer sus capacidades en la lucha contra los ciberataques.
Para poder abordar las nuevas amenazas cibernéticas, es necesario definir y aplicar regulaciones que establezcan las bases para la protección del ciberespacio, así como fortalecer las capacidades de los diferentes actores que puedan considerarse sustanciales en la prevención, detección e investigación de ciberdelitos.
Se resaltan dos iniciativas gubernamentales que se convierten en importantes herramientas para mitigar riesgos de ilícitos, particularmente informáticos. La primera, desde el ámbito macro, hace referencia al CONPES 3854 “Política nacional de seguridad digital” aprobado en abril de este año. La segunda, como ejemplo de una herramienta puntual, está relacionada con los lineamientos para las terminales de áreas financieras de entidades públicas, que pretenden que los dispositivos desde los cuales las entidades públicas realizan operaciones bancarias cuenten con unos requisitos mínimos de seguridad, tanto físicos como lógicos.
De la iniciativa de los lineamientos se resalta, en primer lugar, el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado en la consecución de un interés común: mitigar el riesgo de fraude sobre recursos públicos. En segunda instancia, es un documento con lineamientos claros y específicos y no meramente indicativo. El tercer aspecto a resaltar radica en que hace parte de una estrategia gubernamental más amplia en seguridad y privacidad de la información. En cuarto lugar, la guía tiene cobertura para organismos tanto del orden nacional como territorial. Tiene, a su vez, un componente de monitoreo y seguimiento para dar cuenta de las acciones desarrolladas. Por último, ofrece incentivos para su cumplimiento.
El ejercicio realizado por los bancos y Asobancaria, en conjunto con el MINTIC, es una herramienta puntual que si es implementada por las entidades gubernamentales indudablemente ayudará en la mitigación de los riesgos de fraudes bancarios con recursos públicos. Es necesario, por lo tanto, seguir trabajando de manera articulada y mediante acciones concretas para avanzar en la protección digital de los diversos actores de la economía.
