Capturan a siete policías que harían parte de una red de tráfico de licor adulterado

La investigación los vincula con los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir, corrupción de alimentos, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y cohecho propio. / Foto: Archivo

Agentes del CTI adelantaron un masivo operativo en tres departamentos del país, que, tras 50 allanamientos, permitió la captura de los intendentes Harold Enrique Rojas Pachecho y Laurencio Durán Pinto;  y de los patrulleros Víctor Alfonso García García, Álvaro Hernán Corzo López, José María Romero Romero, Edwin Hernán Álvarez Hernández y Yonnys Díaz Guerrero; por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de bebidas alcohólicas.

Según la Fiscalía, los allanamientos permitieron incautar además $10.000 millones en licor adulterado. En total, los investigadores encontraron 200.000 unidades de whisky, ron, aguardiente y otros licores, así como 50.000 piezas elementos para su fabricación casera. Según las indagaciones de la Fiscalía Dos del Eje Temático de Protección a la Propiedad Intelectual, el licor era distribuido principalmente en Bogotá.

Esta investigación vinculó a los uniformados de la Policía en su segunda fase. Fue entonces cuando se logró establecer, de manera preliminar, que “este grupo de policías eran realmente el equipo de escoltas de los carros de los delincuentes, cuyas bodegas localizadas en el Centro Comercial La Sabana fueron objeto de allanamiento por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el pasado 17 de junio del 2016”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con el ente investigativo, los policías recibían entre $100.000 y $3’000.000 por sus “servicios” al grupo criminal. Serían ellos quienes facilitaban el tránsito del licor adulterado desde los alambiques y bodegas donde lo fabricaban, hasta el ya mencionado centro comercial. Los hermanos María Asunción y Miguel Ángel Romero Herrera, estarían detrás del tráfico ilícito, y a pesar de que fueron capturados en Socorro (Santander), fueron dejados en libertad días más tarde.

Ninguno de los uniformados aceptó los cargos que les imputaron.  Un juez de control de garantías les impuso a todos ellos privación de la libertad de forma preventiva. No obstante, solo el intendente jefe Enrique Rojas Pachecho y el patrullero Víctor Alfonso García García,  fueron enviados a La Picota; mientras que los otros cinco uniformados les dieron el beneficio de prisión domiciliaria.