Detienen periodistas brasileros que investigan escándalo de Odebrecht en Venezuela
Caracas, 11 de febrero _ RAM_ La ONG Transparencia Venezuela denunció que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron a los coordinadores y activistas del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela: los periodistas Jesús Urbina y María José Túa, al igual que a los dos corresponsales del canal brasileños Rede Record, Leandro Stoliar y Gilzon Souza.
La organización indicó que los reporteros recopilaban «información en la obra de Odebrecht en las instalaciones del segundo puente sobre el lago de Maracaibo o Puente Nigale, ubicados en Maracaibo, estado Zulia, obra que es responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas.
Según informaciones, una comisión del SEBIN los detuvo y los escoltó hasta la sede del Sebin, en Maracaibo, para tener una entrevista. Al llegar les quitaron los teléfonos celulares.
Transparencia Venezuela exigió la liberación inmediata de los activistas y periodistas detenidos; y rechazó la detención arbitraria por parte del SEBIN, al tiempo que hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se presente en el lugar de la detención y se garantice el derecho al trabajo, a la contraloría social, a la libre información.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también lamentó en un comunicado la detención de los periodistas y exigió su liberación.
La ONG no precisó si los periodistas habían tramitado sendos permisos ante el Ministerio de Comunicación e Información, motivo por el que el gobierno ha retenido y devuelto a reporteros extranjeros a sus países.
El Parlamento -de mayoría opositora- aprobó la semana pasada investigar el caso de Odebrecht en un debate al que no asistieron los legisladores oficialistas. La Comisión de Contraloría citó para esta semana a los representantes legales de la compañía brasileña en Venezuela.
La Fiscalía confirmó el 26 de enero que pidió información sobre el caso al Ministerio Público de Brasil y solicitó una orden de captura internacional contra una persona no identificada, supuestamente vinculada al escándalo.
Por otro lado, el presidente socialista Nicolás Maduro se comprometió la semana pasada a terminar las obras inconclusas de la constructora, que según el diputado opositor Julio Montoya ascienden a 20.000 millones de dólares.
