Aprobada en último debate del Senado la Jurisdicción Especial de Paz
Con 61 votos por el Sí y 2 por el No, la plenaria de Senado, en último debate, aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz, iniciativa que es considerada por varios políticos como la columna vertebral de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Cabe mencionar que el proyecto de ley fue aprobado pese a que el Centro Democrático se retiró de la votación.
La reforma de la justicia especial para la paz pasó a revisión de la Corte Constitucional luego de que la plenaria del Senado aprobará en último debate el acto legislativo con 61 votos a favor y 2 en contra.
El Gobierno logró alinear a los partidos de la Unidad Nacional y alcanzó el quórum suficiente para aprobar la iniciativa por amplia mayoría.
Durante la discusión, los congresistas expresaron algunas consideraciones, pero manifestaron su irrestricto apoyo al acuerdo firmado en La Habana.
El presidente Juan Manuel Santos ha considerado esta reforma como «la más importante» y la «columna vertebral» del acuerdo de paz, pues considera que brinda la «seguridad jurídica necesaria» para la terminación de la conflagración interna.
Se trata de «un sistema de justicia especial inédito, con el que garantizamos que los responsables de los crímenes más graves sean investigados, juzgados y sancionados por un tribunal», explicó el mandatario.
Así las cosas, la norma pasará a sanción presidencial y a revisión de la Corte Constitucional.
La reforma instaura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada para juzgar a guerrilleros, agentes estatales y civiles que hayan cometido delitos «en el contexto y en razón» del conflicto armado.
La estructura jurídica en esencia prioriza verdad y reparación a las víctimas sobre las penas de prisión a los victimarios.
Según el pacto de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Los guerrilleros señalados de delitos políticos o conexos serán amnistiados, desde que no estén acusados de delitos graves contra los derechos humanos, como secuestro, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual o reclutamiento de menores.
Para los miembros de la fuerza pública se aplicará la renuncia de la persecución penal, en caso de que no estén acusados de delitos contra el DIH.
-La norma crea las herramientas necesarias para el juzgamiento de los actores del conflicto armado. Propone penas de hasta 20 años de cárcel para quienes no reconozcan su responsabilidad.
-Le permitiría a los guerrilleros participar en política, pese a las sanciones impuestas por esa jurisdicción.
-Plantea que los civiles podrán acudir ante el Tribunal de manera voluntaria, si consideran tener algún tipo de responsabilidad en el conflicto.
-Establece un tratamiento especial y diferenciado para los integrantes de la Fuerza Pública.
Durante el debate, el presidente del Liberalismo, Horacio Serpa, cuestionó el ausentismo que hubo para la JEP la semana anterior.
“Podemos tener diferencias con los partidos y congresistas, pero esa situación fue sumamente inconveniente y les quiero decir que el que escupe para arriba, le puede caer en la cara”, manifestó.
El presidente del Conservatismo, Hernán Andrade, dijo que “creemos que puede haber paz en Colombia si de verdad existe perdón y tratamiento similar y que esto sea equitativo para todos los actores que intervinieron en el conflicto armado
El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán propuso castigar a los guerrilleros que incumplan los acuerdos de paz.
“El guerrillero que incumpla lo que está estipulado en el acuerdo de paz, no solo debe tener sanción que puede llegar hasta 20 años de cárcel, sino que se le debe dar muerte política otra vez, porque de lo contrario enviaríamos un pésimo mensaje de habilitarlos, así incumplan lo estipulado en el proceso de paz”, sostuvo.
El senador del Centro Democrático Iván Duque aseguró que esta reforma de la justicia especial para las Farc, traerá impunidad a nuestro país.
“Nosotros seguiremos defendiendo la paz, una paz que se consttruya sobre la derrota de la criminalidad ante el Estado de derecho y esa voluntad la expresaremos el próximo 01 de abril en las calles”, indicó.
Esta es la primera reforma constitucional aprobada a través del mecanismo fast track establecido en el acto legislativo por la paz.
