La paz con las Farc “no será suficiente” para acabar violencia en Colombia, dice el CICR
La paz con la guerrilla de las Farc “no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia”, será un esfuerzo que “tomará décadas”, indicó hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En 2016, “a pesar de la indudable mejoría de la situación humanitaria”, el organismo “documentó 838 posibles infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otros principios humanitarios que afectaron a más de 18.600 personas”, según señaló su reporte anual.
Estas infracciones, que en 40% de los casos perjudicaron a mujeres y menores, son violaciones a las normas de protección a la población civil e incluyen en los casos más graves desplazamiento, violencia sexual, homicidios o tortura.
Ante este panorama, el jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, instó a “aumentar el nivel de ambición” e implementar “de manera pronta y eficaz” el “histórico” pacto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, sellado en noviembre pasado para superar más de medio siglo de conflicto armado.
Sin embargo, advirtió que poner en marcha lo negociado durante cuatro años en Cuba no bastará para poner fin a la violencia, aunque el texto destaca que el cese al fuego bilateral vigente desde agosto ha permitido que “la situación en muchas partes” haya “mejorado significativamente”.
“Construir un país en paz requiere del esfuerzo de todos y tomará décadas”, dijo.
El CICR, presente en Colombia desde hace 40 años, considera que esa violencia “que no cesa” se manifiesta en entornos urbanos, en confinamientos de población civil en zonas rurales controladas por grupos armados, y se traduce en amenazas, desplazamientos forzados, y situaciones de fuego cruzado.
Mientras “avanza la implementación del acuerdo” con las Farc, “la reconfiguración de otros actores armados marca una geografía de la violencia cambiante y plagada de incertidumbres. Enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados, además del accionar de ‘combos’ y pandillas, ponen en evidencia que mantener la promesa de la paz será un camino difícil durante 2017”, aseguró el informe.
Por ello considera “los estragos” de esa violencia armada como uno de los principales desafíos para Colombia en los años venideros, pues desde 2013 ha generado al menos 301.900 víctimas según datos oficiales.
El accionar de bandas o pandillas organizadas, que no están vinculadas directamente al conflicto, también deja “consecuencias humanitarias graves para la población” como confinamiento, violencia sexual, reclutamiento de menores y desplazamiento, aseguró.
Entre esos actores destacó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), remanentes de las milicias paramilitares desmovilizadas hace una década y brazo armado del Clan del Golfo, principal banda criminal del país, y el Ejército de Liberación Popular (EPL), que el gobierno considera una organización narcotraficante.
En este sentido, llaman especialmente la atención sobre algunas zonas del país muy afectadas por esa violencia, como los centros urbanos de Medellín, Buenaventura, El Bagre, Alto Baudó y Arauca.
El organismo “intermediario neutral” también seguirá apoyando las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), indicó por otra parte Harnisch.
La concreción de ese acuerdo ayudaría “a aliviar la situación de las comunidades que aún no han visto el optimismo de la paz reflejado en su vida diaria”. Aunque tampoco sería “el final del camino”, según dijo.
Además, según el informe, en 2016 se reportaron cada día un promedio de “29 casos antiguos y recientes de personas desaparecidas” por el conflicto armado y “otras situaciones”. En Colombia “no hay información del paradero de 85.900 personas”, añadió.
También en 2016 se registraron oficialmente “63 heridos y 11 muertos por la detonación” de minas y explosivos sin detonar, sumándose a las más de 11.000 víctimas de este flagelo desde 1990.
En total, el conflicto armado colombiano, que desde los años 1960 enfrenta a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, ha dejado al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.