En el caso venezolano, el presidente Chávez comenzó armando a los ciudadanos con el objetivo de defender la revolución. En diciembre de 2007, los ciudadanos de Venezuela rechazaron esta acción cuando votaron en contra del referendo de reforma constitucional, que incluía la legalización de los civiles armados como ‘milicia bolivariana de Venezuela’. Frente a este revés, Chávez, un año después, logró legalizarlos al incluirlos en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Con esta ley se legalizó la milicia, que ya venía operando desde comienzos de siglo a través de los cuerpos de combatientes y de las milicias territoriales, que sumaban para ese año más de 30.000 grupos conformados por personas que hacían parte de los consejos comunales, de los organismos públicos y privados y de los comités de defensa integral. De esta manera, las milicias, según el gobierno de Chávez, se constituían en la “herramienta fundamental para orientar y desarrollar acciones hacia los diferentes blancos y audiencias: población, propias tropas, el enemigo, en esfuerzo combinado para consolidar el mandato constitucional de la corresponsabilidad en materia de seguridad y desarrollo social entre el Estado y la sociedad civil”.

Hoy, el presidente Maduro refuerza este proceso de paramilitarización con el anuncio de “armar a un millón de milicianos y milicianas organizados y entrenados para defender la paz, la soberanía y la independencia de la patria”, siguiendo los pasos de su predecesor cuando en 2008, en Aló, Presidente, en el municipio José Félix Ribas (Guárico), llamaba la atención a los responsables militares de la organización de las milicias sobre la necesidad de vincular a más ciudadanos.

Decía: “Los pobladores de aquí son la milicia; bueno, no habrá armamento para todos, pero… pueden ser unidades logísticas, unidades de alimentación, de transporte, de inteligencia de ingenieros y unidades de combate que tienen que aprender a disparar un mortero, un fusil, un AT4 y un fusil de francotirador de largo alcance, con mira nocturna… (las milicias) son unidades de inteligencia que nunca se uniforman, la verdadera inteligencia. No hay mejor fuente de inteligencia que el propio pueblo. La milicia debe ser el pueblo en armas”.

Pero ese ‘pueblo en armas’ está acabando con la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia venezolanas y, en mucho, ha contribuido al incremento de la violencia y la delincuencia en ese país, como lo demuestra el crecimiento desmesurado de los homicidios en estos primeros 16 años de este siglo, donde se pasó de una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1999 a 91,8 en 2016, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Pero no solo es el incremento de la violencia homicida, que pone a Venezuela como el segundo país más violento del planeta, sino que afecta la seguridad de la gente en general, pues algunos de estos grupos controlan territorios, extorsionan, intimidan y realizan gran parte de los hurtos que suceden en ese país.

Esta institucionalización de la violencia paramilitar está acabando con el Estado de derecho en Venezuela. Ojalá, lo más pronto posible, este país hermano encuentre una salida democrática a la crisis institucional por la que atraviesa.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

ELTIEMPO