Corte Suprema ordena captura de la congresista Aida Merlano

Una orden de captura emitió la Corte Suprema de Justicia contra la congresista Aida Merlano Rebolledo, involucrada en escandaloso hecho de corrupción en las elecciones parlamentarias del pasado 11 de marzo.

El alto tribunal consideró a la electa senador “un peligro” para la sociedad y en particular para los comicios presidenciales que se realizarán en Colombia el próximo 27 de mayo, debido al nefasto precedente con los hallazgos hechos en la sede de su campaña electoral en la ciudad de Barranquilla.

Como se sabe, allí se encontraron 261 millones de pesos en efectivo y bolsas llenas de certificados electorales, además de armas de fuego.

En la investigación que prosiguió, la fiscalía estableció que al parecer Aida Merlano Rebolledo, entonces representante a la Cámara por el departamento del Atlántico por el Partido Conservador habría gastado más de 6 mil millones de pesos en la compra de votos para lograr su elección como senadora de la República.

Tras estos descubrimientos, el pasado 13 de marzo la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia abrir la correspondiente investigación a la congresista.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación decidió entonces compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia contra la Representante a la Cámara y

Senadora electa, Aída Merlano, luego del allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde, aseguró, habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos.

Funcionarios de la DIJIN recibieron la información de que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, conocida como “La casa blanca”, funcionaba un comando político desde el que, supuestamente, se compraban votos para la jornada electoral.

Luego de las verificaciones iniciales, la Fiscalía libró orden de allanamiento. Durante el proceso se encontraron los siguientes objetos:

-9 computadores.

-4 armas de fuego, entre las que había 2 revólveres, 1 escopeta y 1 pistola. Solo una de ellas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano.

-$268’993.000 en efectivo, guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso. En total, durante la campaña, se habrían repartido más de $6.000’000.000

-Registro de cámaras de seguridad, instaladas por toda la casa.

Adicionalmente, se logró la incautación de abundante documentación, entre la que figura:

-Certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas.

-Fotocopias de cédulas de ciudadanía.

-Documentos y planillas electorales.

-Listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos.

-Formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto.

-Organigramas detallados de seguimiento y operación

Tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.

Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.

Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.

En el proceso se logró la captura en flagrancia de 5 personas:

Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas

Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.

Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.

María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.

Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.

Las capturas fueron legalizadas ante el juez Primero penal de control de garantías junto con los materiales incautados en el allanamiento. Mañana, ante ese mismo juez, se continuará la audiencia para imputarles el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.