Que no ocurra de nuevo  

 Por: Carlos Alberto Baena  

 @ Baena

Durante varias semanas se presentó en Colombia una emergencia ambiental por causa del derrame de hidrocarburos del Pozo 158 La Lizama, en el Departamento de Santander. De acuerdo con algunas estimaciones, se cree que fueron derramados más de 24 mil barriles sobre el terreno y las fuentes hídricas de la región. El daño es inmenso.

Ahora, cuando Ecopetrol informa que la situación se encuentra bajo control, es pertinente analizar causas, consecuencias, y tomar todas las medidas preventivas necesarias. Como quiera que las actividades de exploración y explotación petrolera continúan en el país y representan un sector fuerte para la economía nacional, es preciso disminuir los riesgos hasta el punto más bajo posible.

Desde el Partido Político MIRA proponemos que la investigación de los hechos la asuma una comisión de expertos internacionales y no Ecopetrol. No creemos conveniente que la petrolera sea “juez y parte” en este caso. La evaluación externa es necesaria y saludable.

También se debe exigir el cumplimiento de las regulaciones normativas y técnicas. Existe un procedimiento para el monitoreo, control y sellamiento de pozos inactivos o abandonados, pero según la Contraloría, se han utilizado “métodos no convencionales”. Además, la entidad advierte que hay centenares de pozos abandonados sin información suficiente para determinar si respecto de ellos, se puede presentar una emergencia similar.

La responsabilidad de otras instituciones se debe revisar. El Ministerio de Minas o la Agencia Nacional de Hidrocarburos no han sido contundentes en demostrar que sí realizan las pruebas periódicas de presión a los pozos, según les corresponde.

Por otra parte, hay que reformar las sanciones. En la actualidad, la multa más alta sólo asciende a 5 mil dólares, cifra que no se puede comparar con los dos millones de dólares en los que se han calculado las afectaciones por el derrame del Pozo La Lizama. Aquí, es indispensable garantizar la indemnización de productores y comerciantes de la región. La seguridad alimentaria de las familias que viven de la pesca, el ganado y sus cultivos, está en riesgo. También hay que asegurar la atención en salud, en especial para los niños de la región.

Por último, se requiere suspender las explotaciones en áreas protegidas, reclamar la expedición de licencias ambientales a Ecopetrol, – no sólo planes de manejo – y sobre todo, tomar conciencia para evitar desastres ambientales. El respeto por el agua y por la vida, es un asunto ineludible.