Fiscalía anuncia imputaciones a quienes intentaron robar plata de la paz
En un debate en el congreso, Néstor Humberto Martínez, señaló en que entidades del estado se infiltraron estas personas para obtener información privilegiada, pagar coimas y así asegurarse la contratación de proyectos en zonas afectadas por el conflicto.
Anunció que a finales de este mes Marlon Marín entregará nueva información desde EE.UU. y con base en ella iniciarán las imputaciones por concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.
Dijo que gracias a la pronta acción de la fiscalía y las medidas adoptadas por la presidencia se evitó lo que calificó como el intento de corrupción más grande en la historia de Colombia, aclarando que la afectación fue mínima y que el grueso de la contratación está blindada y bajo el escrutinio de los organismos de control.
La fiscalía identificó que esta red de 12 intermediarios logró meter la mano en proyectos de vías terciarias en 19 departamentos y 58 municipios del país. Liderados por Marlon Marín obtenían información privilegiada sobre los proyectos y luego cobraban coimas de hasta el 12 por ciento para lograr la adjudicación de los mismos.
Marín, convertido en testigo estrella de este caso, entregó a la fiscalía antes de salir hacia Estados Unidos información detallada sobre los funcionarios de orden local, alcaldes y empresas que se prestaron para defraudar los recursos de la paz.
Varios de estos intermediarios que hacían parte de la red han confesado que alcanzaron a cobrar hasta el 11 por ciento del valor de los proyectos viales en coimas.
Otra fase de investigación tiene que ver con las zomac, donde la red de intermediarios buscó empresas privadas y contratistas para ejecutar los contratos, pero además hacer las interventorías garantizándoles que no habría vigilancia de los proyectos. Allí se cobraron coimas de hasta el 11 por ciento y se vieron comprometidos 60 proyectos en los que se consumó el delito.
La fiscalía tiene testimonios de los intermediarios en los que se vincula a funcionarios de bajo nivel de la Agencia de Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación. El ente acusador también tiene evidencia de al menos 22 empresas señaladas de hacer parte de esta red criminal.
