Reforma del Sistema General de Participaciones aumenta recursos para educación

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó este lunes ante el Congreso de la República el proyecto de Ley que reforma de forma integral el funcionamiento del Sistema General de Participaciones (SGP).

En 2019, el SGP, que es la principal fuente de financiación para la prestación de los servicios de educación, salud y saneamiento básico, contará con recursos por $41,3 billones, con un aumentó del 12,3%, muy por encima del incremento total del Presupuesto General de la Nación (PGN), sin deuda, que fue del 3,7%. Esto es atribuible a que se encuentra en operación la metodología definida en la Constitución, según la cual, las transferencias del SGP se liquidan de acuerdo con el promedio de la variación porcentual de los Ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.

Esto demuestra que, el crecimiento de los ingresos corrientes de la Nación en los últimos años beneficia significativamente a las regiones. Por cada peso adicional recibido por el Gobierno Nacional producto de ingresos tributarios, aproximadamente $28 centavos van a las regiones vía SGP, lo que hace innecesario una reforma constitucional para incrementar la bolsa del Sistema de Participaciones. El mecanismo actual ya le permite a las regiones contar con más recursos año a año.

“Conscientes de la necesidad de optimizar el uso de los recursos, que por su cuantía son los más importantes que la Nación transfiere a los territorios, desde hace tres años el Gobierno nacional ha trabajando en una reforma al Sistema General de Participaciones basada en los principios de eficiencia, transparencia, y alineación de la distribución de recursos con las políticas y necesidades sectoriales”, señaló el titular de la cartera de Hacienda.

Entre los principales puntos incorporados en el articulado se destacan:

Redistribución de recursos

• FONPET, pasa de 2,9% a 1,0% del SGP (-1,9%)

• Educación, pasa de 56,16% a 57,58% (+ 1,42%)

• Asignación especial para para resguardos indígenas, pasa 0,52% a 1,0% (+ 0,48%).

Educación:

Se amplía la bolsa de recursos en cerca de $587mm al año, para un total de $38,8 billones, que permitirán atender gastos prioritarios como pago de docentes, calidad educativa y alimentación escolar, entre otros. De igual manera, se busca una administración eficiente de la planta docente, que se traducirá en mayor equidad en la prestación del servicio educativo y evitará sobrecostos en la contratación. Finalmente, se establecen auditorías obligatorias para eliminar el riesgo de “niños fantasmas”, y el fortalecimiento de los sistemas de información del sector.

Salud:

Mantiene su participación del SGP en 23,52% ($9,7 billones). Hasta el 90% de los recursos se destinará para aseguramiento al régimen subsidiado y el restante 10% para salud pública y subsidios a la oferta. Progresivamente, se eliminará el pago de aportes patronales a las Entidades Sociales del Estado (ESE) con capacidad de pago y auto sostenimiento, concentrando los recursos para la oferta en zonas alejadas donde el único prestador de servicios de salud sea público. Asimismo, se propone asimilar la administración y manejo del régimen subsidiado al del régimen contributivo, en especial en lo relacionado con los controles y pagos del NO POS; finalmente, se establecen competencias diferenciadas en los tres niveles de gobierno para la inspección y vigilancia del control sanitario, con base en las capacidades reales de cada entidad territorial.

Agua y Saneamiento Básico:

Se establecen de forma clara las competencias para la Nación y se permiten las inversiones en soluciones alternativas, con especial énfasis en las zonas rurales donde existen menores coberturas; además, se proponen medidas para dar una mayor flexibilidad al uso de los recursos: liberar los cerca de $74 mm de los Fondos de Solidaridad, eliminar el porcentaje mínimo para subsidios y la certificación de agua para los municipios que confiere el Ministerio de Vivienda. Igualmente, se crean incentivos para la articulación y priorización de inversiones orientadas a incrementar la cobertura y continuidad del servicio y la reducción de pérdidas de agua que, para el promedio nacional es del 47%.

Propósito General

Cumpliendo con una vieja aspiración de los entes territoriales, se eliminan los porcentajes mínimos de inversión por sectores, contribuyendo a la autonomía de los territorios en la focalización de la inversión y su articulación con sus planes de desarrollo. Igualmente se incluyen criterios de distribución para cierre de brechas urbano- rural, lo que mejora la progresividad de esta bolsa de recursos.

Asignación especial a comunidades indígenas

Aumentando su participación a 1%, esta asignación especial pasa de recibir cerca de $215 mil millones anuales a más de $410 mil millones por año para atender las necesidades de la población indígena del país.

Por último, el ministro Cárdenas aclaró que esta reforma no modifica la fórmula constitucional de liquidación de la participación del SGP que tanto ha beneficiado a los departamentos y municipios en los tres últimos años. “De una apropiación en 2018 por $36,7 billones, pasaremos a cerca de $41,3 billones en 2019; esto es un crecimiento del 12,3% que representan $4,5 billones adicionales de una vigencia a otra”. Cárdenas explicó, que este gran aumento en el monto de recursos para el SGP contribuirá significativamente a cubrir las necesidades de financiación de la educación y la salud, ejes fundamentales de la política social de este Gobierno