Consejo de Estado decretó muerte política para ‘Ñoño’ Elías y Plinio Olano
El Consejo de Estado decretó la muerte política de Bernardo ‘Ñoño’ Elias y Plinio Olano por la demanda que interpuso la red de veedurías ciudadana que representa Pablo Bustos, quien señaló que había lugar a decretar la pérdida de investidura porque han sido reiteradamente mencionados en el escándalo de odebrecht.
Tal decisión la tomó el alto tribunal luego de analizar una demanda interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, quien solicitaba la pérdida de investidura de los exsenadores. Previo a la decisión se llevó a cabo una audiencia que fue presidida por el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la sección Tercera del Consejo de Estado, quien acogió uno de los argumentos de la Procuraduría.
Estos no fueron otros más que se decretar la muerte política debido a que Bernardo Elías ya había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de tráfico de influencias, que finalmente él confesó en medio de las diligencias llevadas a cabo en su contra.
En el caso de Plinio Olano, el Ministerio Público consideró que lo argumentado ante la Corte Suprema da cuenta que fue gestor de negocios de la multinacional brasileña en el momento en el que se estaba discutiendo la aprobación de documentos Conpes, cuando hizo parte de la Comisión Sexta del Senado, con el que se analizó la viabilidad de tramo Ocaña-Gamarra, obra que se estimaba en 400.000 millones de pesos.
En ese sentido, en su análisis la Corte aseguró que “las pruebas que ha reseñado la Sala le permiten inferir sin duda que el exsenador Plinio Olano Becerra fue cooptado por los directivos de la multinacional Odebrecht, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli, conforme a su política de expansión y consolidación usada en cada país para conseguir contratos en condiciones favorables para la compañía, sin perjuicio del pago de los sobornos y estrategias diseñadas para ocultar su origen”.
En el fallo que se conoció en la mañana de este viernes se estableció que fueron necesarios los testimonios de Federico Gaviria, entre otros, que están vinculados aún en la investigación adelantada no solo por la Corte Suprema de Justicia sino también por la Fiscalía General de la Nación.
El Consejo de Estado recogió testimonios, los escuchó y tuvo en cuenta las acusaciones en su contra para concluir que sí habrían incurrido en tráfico de influencias.
Los dos adelantaron gestiones para favorecer a la multinacional brasileña aprovechándose de sus cargos en el Congreso dentro del proceso contractual de la Ruta del Sol II, y por ello, no podrán volver a ocupar cargos de elección popular.
