Justicia politiquera
Por: Andrés Hoyos
Lo vivimos hace poco y fue una calamidad: un personaje que ejerció de procurador general de la Nación hasta que el Consejo de Estado lo tumbó por haber sido elegido en medio de graves conflictos de intereses no estaba allí para impartir justicia disciplinaria, sino porque quería ser presidente de Colombia. Hoy ejerce de vergüenza de Colombia ante la OEA. Por el camino, sus tropelías nos regalaron un mártir que sacó ocho millones de votos en junio de este año. Pésimo antecedente.
La paradoja resulta obvia y reiterada para quien converse con gente que ha trabajado en el Estado: mientras que personas probas salen de allí empapeladas hasta las narices, y muchas veces incluso van a parar a la cárcel, los Musas, los Ñonos, los Lyons y los señores del Cartel de la Toga siguen haciendo de las suyas, aunque debemos aceptar que ahora los procesan con algo más de asiduidad.
Una de las razones para el descaro de los poderosos de la justicia es que no existe quien vigile, discipline y castigue a sus altos cargos cuando cometen faltas o delitos. Esto es así porque, en la más vergonzosa decisión que ha tomado nunca la Corte Constitucional, la mayoría de sus magistrados invocaron una supuesta sustitución de la Constitución para evitar que se implantara un tribunal de aforados que, entre otras cosas, podría haberlos castigado a ellos.
Las tres ías son particularmente problemáticas. Tomemos la Contraloría, de la que acaba de salir con ínfulas de Catón don Edgardo Maya. No se extrañen los lectores si pronto lo ven de candidato en algún certamen electoral. Revisé un documento delirante que el hombre dejó de regalo de despedida: http://bit.ly/2O3REIV. Ahí se usa la palabra “billones” como si fueran granitos de maní. Es, en últimas, un programa populista. Se nota que el señor excontralor no tiene ni la menor idea de que para gastar billones primero hay que recaudarlos.
Yo solía tener buena opinión de Fernando Carrillo, pero una vez el hombre se vio sentado en la silla de procurador, le entró la necesidad de mojar prensa a diario. Ahora quiere impartir castigos penales. ¿Lo veremos pronto inscrito en alguna elección? Algo me dice que sí.
Dejé para el final el caso más grave. A mí sí me venía extrañando que Cambio Radical radicara proyectos de ley como si ese partido no hubiera sido vapuleado en las elecciones presidenciales de junio, hasta que entendí que el candidato para 2022 no se llama Germán Vargas, sino Néstor Humberto Martínez. Un fiscal general debe ser drástico, pero al mismo tiempo tiene que ser justo, y alguien que anda desde siempre en campaña electoral no puede ser justo. Necesita vivir de titular en titular, necesita ejercer el papel de vengador, necesita escándalos justicieros. La noción de dolo ha desaparecido de muchas de las acusaciones de la Fiscalía. Basta con cometer un error incluso de interpretación, obviamente sin intención dolosa, para ir a parar a la cárcel por diez o más años. Eso le pasa al acusado por atravesarse en la carrera de un caballo desbocado.
Urge pasar ya una reforma constitucional —sí, lo siento, una más— que implique que las personas que ocupen los más altos cargos en la justicia tengan un impedimento legal para ser candidatos presidenciales en los cinco años siguientes a su salida. Así se dedicarían a impartir justicia, no a hacer campaña desde sus puestos. Nos debe quedar claro que es un imposible moral votar por cualquiera de los arriba mencionados.
