Acceso a la justicia es el mayor obstáculo para las mujeres víctimas de violencia: Procurador

El Procurador Fernando Carrillo señaló este viernes que “Falta sin duda voluntad política, además de los cambios culturales, falta presupuesto, faltan políticas públicas diferenciales para garantizar el derecho de las mujeres a vivir en una sociedad libre de violencias”.

Y agregó que: “Es necesario formular e implementar políticas públicas para prevenir las violencias contra las niñas y mujeres”.

El Procurador aseguró que el sistema judicial debe avanzar y modernizarse para dar resultados efectivos en la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia, y advirtió que el acceso ha sido la mayor ‘talanquera’ en la administración de justicia.

“El gran cuello de botella para las niñas y mujeres víctimas de violencia es el acceso a la justicia con un enfoque diferencial. Uno no puede pensar que el estamento de justicia de hace 10, 20 o 30 años haya permanecido igual y no se haya creado una masa crítica especializada en la investigación de estos delitos”.

En la instalación de la rendición de cuentas “Mujeres de cara a la Ley 1257. Una década de luchas por erradicar la violencia y la discriminación”, el jefe del Ministerio Público lamentó que el país todavía no haya sido capaz de acabar la cultura machista que lo ha caracterizado y reclamó de los hombres un mayor compromiso para lograr garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

Carrillo Flórez reconoció los avances que se han logrado en 10 años de expedición de la ley, pero enfatizó en que todavía hay grandes desafíos para luchar contra los flagelos que transgreden la dignidad de las mujeres como el feminicidio, la violencia sexual, los abortos forzados, la explotación sexual y la trata de personas, los asesinatos a lideresas, las uniones tempranas y el matrimonio servil; la violencia de pareja, los ataques químicos, entre otros.

“Falta sin duda, voluntad política, además de los cambios culturales, falta presupuesto, faltan políticas públicas diferenciales para garantizar ese derecho de las mujeres a vivir en una sociedad libre de violencias, pero falta sobre todo el compromiso de los hombres, por supuesto, nuestro compromiso con una causa como esta”.

Explicó que según cifras de diversas entidades de enero a junio de 2018 se presentaron 10.328 casos de violencia contra la mujer, es decir, un promedio de 57 casos diarios y en el año 2017 se registraron 23.798 casos, lo que representó un incremento del 11% comparado con 2016.

El Procurador General lamentó que este tipo de violencias contra las mujeres se sigan presentando y que el Estado siga siendo insuficiente en su capacidad para investigar estos delitos. Advirtió que el propio hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.

Proyecto Comisarías

El jefe del Ministerio Público anunció que en diciembre presentará un proyecto de ley al Congreso de la República que tendrá como objetivo redefinir el rol y fortalecer las 1.280 comisarías de familia que existen en los 1.103 municipios del país, e hizo un llamado a trabajar para que los comisarios de familia cuenten con un equipo interdisciplinario que pueda apoyar una oportuna atención a las víctimas.

Así mismo, hizo un llamado al cumplimiento de la Ley de Cuotas para que en los departamentos y municipios haya un balance de participación de la mujer en cargos de decisión.

“La mayoría de las gobernaciones y algunas alcaldías cuentan con secretarías de la mujer, pero sigue siendo insuficiente los compromisos de las administraciones territoriales. Difícilmente Bogotá, por ejemplo, cumple con las cuotas que deben darse a nivel de la representación femenina en cargos públicos, imagínense cómo es el escenario en aquellos territorios olvidados del país”.

Resaltó que es fundamental trabajar a favor de los derechos de las niñas y las adolescentes, y adelantar acciones para brindar oportunidades y proyectos de vida a las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución.

El Procurador enfatizó en que el Gobierno Nacional debe trabajar en acciones diferenciales a favor de las mujeres indígenas, rurales, cabeza de familia, en situación de discapacidad, con orientaciones sexuales diversas y víctimas de la violencia. Aseguró además que es necesario la acción coordinada e interinstitucional para elaborar políticas públicas de prevención de todas las violencias.

Agregó que en este trabajo también falta que las EPS asuman su obligación de brindar atención especializada en salud, y fortalecer los sistemas de información que permitan adoptar decisiones de política criminal y de política pública.

Desarrollo de la audiencia

A su turno, la representante de ONU Mujeres en Colombia, Ana Güezmes, resaltó el trabajo del país en la lucha por erradicar las violencias basadas en género, pero advirtió que las cifras siguen siendo alarmantes y que no se puede bajar la guardia.

Por su parte, la representante Auxiliar de UNFPA Colombia, Martha Lucía Rubio, enfatizó en la necesidad de trabajar por la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, y la consultora de la Procuraduría, Linda María Cabrera, expuso el informe sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1719 de 2014 en la garantía del acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.

En el panel liderado por la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Adriana Herrera, la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, la viceministra de Justicia, Juanita María López, y la subdirectora de Educación de MinEducación, Claudia Molina, rindieron cuentas al Comité Nacional de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1257 de 2008.

En este espacio, el ministro de Salud anunció la firma del decreto que adopta las medidas de atención consistentes en habitación, alimentación y transporte a las mujeres víctimas. La ministra de Trabajo mencionó la necesidad de trabajar por masculinidades corresponsables, es decir, un hogar donde los hombres apoyan a las mujeres en las tareas y cuidado de los hijos para que ellas tengan sus mismas oportunidades profesionales.

“Debemos aunar esfuerzos para generar condiciones laborales equitativas para mujeres y hombres en Colombia”.

Por su parte, la viceministra de Justicia expuso la necesidad de trabajar por transversalizar el enfoque de género en la administración de justicia y de articular los sistemas de información del Ministerio con la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Propuso que desde las universidades se formen a los profesionales en temas de violencias basadas en género, derechos humanos y enfoque diferencial.

Finalmente, la subdirectora de Educación solicitó liderar la transformación cultural de la discriminación y el machismo arraigado trabajando en educación desde la primera infancia para erradicar las violencias contras las niñas, las adolescentes y las mujeres.