Educación especial debe ser excepción para menores con discapacidad
La Corte Constitucional determinó que la educación especial para menores y adolescentes que viven en condición de discapacidad debe ser una excepción; la norma es que esa población debe recibir educación en las aulas convencionales.
El presidente del alto tribunal, Alejandro Linares, dijo que el país debe garantizar una “educación inclusiva donde los discapacitados puedan acceder de manera ordinaria a las aulas convencionales”.
En ese sentido, para que un menor o adolescente en condición de discapacidad deba acceder a una educación especial deben existir “conceptos médicos y de los padres de familia que justifiquen la excepción, pero la regla general es que debe ser una educación igual a la que reciben el resto de estudiantes”.
La Corte estudió una demanda contra ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia.
El demandante señalaba que en el sistema educativo “existe una exclusión masiva de los menores y adolescentes con discapacidad, con lo cual se produce un desconocimiento de sus derechos a la educación y a la igualdad”.
Para sustentar su tesis, el demandante presentó varios documentos a la Corte, entre ellos las observaciones del Comité de Naciones Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de agosto de 2016, en los cuales se señala que “la mayoría de los menores de edad con discapacidad no asisten a instituciones educativas regulares”.
Ese documento dice que el porcentaje de menores con discapacidad que asisten a la institución educativa “disminuye al incrementar la edad”.
En ese sentido, el presidente de la Corte explicó que la demanda está encaminada a la inclusión.
“Es un tema cuya reglamentación corresponde al Ministerio de Educación, pero lo que señala a la demanda, es que la regla general debe ser educación inclusiva y con el resto de estudiantes; es decir, que no se segregue la educación para los discapacitados”, señaló el magistrado.
De acuerdo con la propia ley, “los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado, para que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la sociedad”.
La Ley establece que cualquier persona que presente algún tipo de discapacidad “tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación”.
