Que más. Una protesta.
Por Augusto León Restrepo
Con las informaciones conocidas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, no se puede asegurar que los asesinatos de seis personas consideradas como líderes sociales por sus respectivas comunidades, en lo que va transcurrido del año, obedezcan a muertes ordenadas por grupos organizados para amedrentar a quienes protestan por las condiciones vulnerables en que viven. Al menos, esto es lo que queremos pensar. Que no estamos frente a ese fenómeno de violencia de exterminios sistemáticos, que en otros lapsos de nuestra historia se han presentado. Pero por lo menos es indiciario que quienes aparecen como objetivo mortal tengan en común el que ejercen un liderazgo reconocido como activistas, denunciantes y visibles orientadores de protestas sociales reivindicatorias. O que sean explícitos defensores de desplazados por asuntos de tierras. O misioneros de los acuerdos que dieron por finalizado el conflicto armado con las Farc. O ambientalistas. O proselitistas de sustitución de cultivos ilícitos.
Gilberto Valencia, Jesús Perafán, Wilmer Miranda, Wilson Pérez, Maritza Quiroz y Salomón Pulido, son nombres que se agregan a la ya larga lista de sobresalientes ciudadanos de remotas regiones, cuyo única mancha parece haber sido la de ser voceros de sus comunidades en justos reclamos por ser víctimas de alevosos ataques y de injustas retaliaciones . Ante su tumba y lo inexorable, solo queda elevar una protesta y pedir que la impunidad no cubra sus crímenes. Porque que más.
Señalar al gobierno actual de indiferente frente a los hechos o sospechar siquiera que pueda ser frío frente al fenómeno sería de una injusticia catedralicia. Por los antecedentes personales de Iván Duque Márquez, por la incontaminación de sus ancestros con fenómenos sociológicos y delicuenciales como el narcotráfico, su derivado, el paramilitarismo, o con la propiedad de feudales extensiones de tierra obtenidas a punta de desplazamientos o exacciones, está exento de señalizaciones descalificatorias. Creo que su gobierno, con la Fiscalía, el Congreso y su comisión de paz, la Procuraduría, la Defensoría, están haciendo lo correcto. Por mezquinos y subalternos intereses opositores o electorales no podemos utilizar el índice acusatorio con generalidades desorientadoras. Pero tampoco, bajar la guardia con las denuncias contra quienes atentan contra la vida de los líderes y su estigmatización.
Nunca como ahora, son mas oportunas las palabras del relator de la ONU para la violencia en Colombia, Michel Forst, quien ha pedido a las autoridades del Presidente para abajo – Fuerzas Armadas, Ministros, funcionarios- que se abstengan de “negacionismos” desviatorios y de evitar sindicaciones ligeras con matices ideológicos: “La estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. (A los líderes sociales). Se enfrentan a campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo, asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores”.
Para hoy se anuncian resultados reales y efectivos por parte de la Fiscalía General de la Nación de las investigaciones por estos crímenes afrentosos. Ojalá sirvan para develar a los responsables, individualizados, que nos permita concluir que no se trata de una violencia sistemática por parte de manos negras, paramilitares u organizaciones criminales, porque si así fuere, nos esperan días aciagos en este 2019.
