Gobierno rechaza informe de relatores de la ONU en el que lo acusan de asesinatos de exintegrantes de las Farc
Bogotá, 05 de junio_ RAM_ Como infundadas y malintencionadas califica el ejecutivo colombiano las afirmación que hicieron relatores especiales de la ONU, acusando tácitamente al gobierno del presidente Iván Duque de haber incentivado actos violentos contra exintegrantes de las guerrillas de las Farc.
«Es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc», afirma en un comunicado la Consejería Presidencial para la Estabilizacaión y la Consolidación, tras rechazar «en forma enfática las afirmaciones hechas por los titulares de los mandatos de tres procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre presuntos “ataques contra ex combatientes reincorporados».
Igualmente señala que «frente a las infundadas opiniones» de la ONU,» es oportuno enfatizar nuevamente el compromiso inquebrantable de la administración del Presidente Iván Duque para acompañar, apoyar y proteger a cada uno de los excombatientes que están en proceso de legítima reincorporación».
El siguiente es el texto integral del pronunciamiento de la Consejería Presidencial:
«El Gobierno Nacional rechaza en forma enfática las afirmaciones hechas el día de hoy por los titulares de los mandatos de tres procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre presuntos “ataques contra ex combatientes reincorporados”.
Sobre el particular, es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas FARC. El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las FARC y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final. Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un “aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal”, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos.
Por el contrario, los trabajos de diversas entidades han sido fundamentales para proteger a los excombatientes de las FARC. Así, por ejemplo, todos los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación (ETCR) cuentan con dispositivos de seguridad estructurados con la presencia permanente de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, de la cual hacen parte 1.243 efectivos. Así mismo, se cuenta en forma permanente con la operación del Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejercito Nacional, que realiza control territorial, con 220 personas en coordinación y articulación y casi 3.000 efectivos en seguridad y con la presencia de un batallón en cada uno de los 24 ETCR.
Este despliegue del Estado conlleva un efecto de seguridad ciudadana que beneficia a las comunidades aledañas a los ETCR con las acciones de seguridad preventiva que desarrollan las Fuerzas Militares en cada una de las regiones.
Sobre este tema, los tres Relatores Especiales enviaron el 16 de mayo de 2019 una comunicación oficial, transmitida por el canal diplomático regular, a través de la Misión de Colombia en Ginebra. El Gobierno recibió un cuestionario elaborado por ellos y, siguiendo la práctica usual, de inmediato se iniciaron las consultas correspondientes para recopilar la información necesaria para responderlo. Sin embargo, el hecho de que los autores del cuestionario hayan salido a la luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas como las que figuran en el comunicado mencionado, ha llevado al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario mencionado.
La forma de proceder de los Relatores Especiales no corresponde con los criterios de actuación establecidos en el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos . En particular, llama la atención sobre la ausencia de contrastación de los hechos en el mayor grado posible a partir de diversas fuentes, pertinentes y creibles (artículo 6 literal a) del Codigo de Conducta). El comunicado no toma en cuenta los principios de transparencia, imparcialidad y ecuanimidad que deben orientar el analisis de las fuentes de información de los procedimientos especiales (articulo 8 literal a), pues presenta deducciones y realiza afirmaciones que atribuyen responsabilidad al Estado, sin haber recibido aún ninguna información de las autoridades encargadas de investigar, judicializar y sancionar a los responsables. Asi, transgrede abiertamente las normas de prueba, en particular las de igualdad y contradicción, pues anticipa graves conclusiones sin haber recibido respuesta oficial del Estado.
Esta reacción prematura de los Relatores Especiales desconoce el marco de cooperación y asistencia que ha caracterizado el relacionamiento de Colombia con las agencias e instancias de las Naciones Unidas, en especial con los procedimientos especiales que actúan bajo la autoridad del Consejo de Derechos Humanos.
Frente a las infundadas opiniones que se incluyen en el comunicado de prensa referido, es oportuno enfatizar nuevamente el compromiso inquebrantable de la administración del Presidente Iván Duque para acompañar, apoyar y proteger a cada uno de los excombatientes que están en proceso de legítima reincorporación.
La seguridad de quienes se acogieron al proceso de paz es una prioridad para este Gobierno, que no ha escatimado esfuerzos para garantizar su protección. Se continuará disponiendo de todo lo que se precise para afinar las medidas de aseguramiento para los hombres y mujeres que se acogieron a la legalidad y han continuado transitando en este camino.
Esto ha sido reconocido en forma explícita por el Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, quien sobre el lamentable y condenable hecho ocurrido con Dimar Torres Arévalo, excombatiente de las antiguas FARC, hizo “un reconocimiento al trabajo de la Fuerza Pública por brindar seguridad en estos territorios y a excombatientes”, además de haber registrado “el compromiso del Presidente Iván Duque y el esfuerzo de autoridades colombianas en avanzar con celeridad en investigación del caso Dimar Torres”.
No puede ponerse en duda de que ese caso está siendo investigado en forma diligente por las autoridades. Ha sido de público conocimiento que la Fiscalía General de la Nación, los Jueces, el Gobierno y las Fuerzas Militares han reaccionado de manera decidida y contundente contra los implicados, en cada momento en que ello ha sido legalmente posible dentro de los procedimientos que garantizan el debido proceso.
A la fecha un presunto responsable está recluido preventivamente mientras avanza la investigación. Igualmente, se ha vinculado a la investigación a un oficial de alto rango por el presunto delito de encubrimiento, quien fue llamado a calificar servicios en Junta de Generales, como evidencia de la arraigada política de tolerancia cero frente a violaciones de los derechos humanos.
El Presidente Duque ha sido enfático al señalar y reiterar “cero tolerancia con cualquier acto que sea un delito o que constituya una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, e igualmente ha reiterado su agradecimiento a la Fiscalía por los avances en las investigaciones. El Presidente resaltó la importancia de “llegar al fondo de la responsabilidad” y aseguró que “seguiremos trabajando en esta cooperación armónica para que se haga justicia en este caso y frente a cualquier conducta que lo amerite”.
Redoblaremos nuestro trabajo para continuar robusteciendo los anillos de seguridad de los Espacios Territoriales donde se encuentran los ex integrantes de las FARC. Sin embargo, el Gobierno reitera su rechazo enfático a lo que se ha pretendido difundir en el comunicado conjunto de los Relatores pues su contenido tiene el efecto nocivo de minar la confianza que con tanto esfuerzo estamos construyendo».
Homicidios de líderes sociales se han reducido el 32% en Colombia: Consejero para los Derechos Humanos
Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa
Bogotá, 05 de junio_ RAM_ En un informe sobre el fenómeno de los asesinatos de líderes sociales en el país, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, destacó que en el 95 por ciento del territorio nacional no se registra este tipo de crímenes.
Así mismo, resaltó que la disminución de las cifras de asesinatos es el resultado de la combinación de programas y tareas como los Talleres Construyendo País, el Plan de Acción Oportuna (PAO), inversión social en los territorios, las Zonas de Intervención Integral, entre otros.
Sobre los factores de riesgo que tienen influencia en los asesinatos de líderes sociales, el Consejero relacionó a los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los grupos armados organizados ilegales en el territorio.
El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa Delgado, le reveló este miércoles al país que los índices de homicidios de líderes sociales han registrado una disminución del 32 por ciento durante el Gobierno del Presidente Iván Duque, según un cotejo realizado con datos de Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
La cifra dada a conocer por el Consejero tiene su origen en el comparativo de los 88 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el 7 de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018, en el gobierno anterior, con los 60 homicidios registrados del 7 de agosto de 2018 y el 25 de mayo de 2019, en el periodo de Gobierno del Presidente Duque.
Así mismo, el alto funcionario indicó que, de acuerdo con los casos verificados por Naciones Unidas, desde el 2016 hasta mayo de 2019, ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país, de los cuales, 60 sucedieron durante esta Administración, es decir, que 221 fueron perpetrados durante el anterior gobierno.
Sobre la reducción de las cifras de asesinatos de líderes sociales en este Gobierno, el Consejero Barbosa resaltó que es el resultado de “la labor que estamos haciendo en el territorio, con los Talleres Construyendo País, el Plan de Acción Oportuna (PAO), liderado por la Ministra del Interior (Nancy Patricia Gutiérrez)”.
Subrayó que la disminución de las cifras también tiene relación con “todos los avances que se están teniendo en la región, la inversión social, las Zonas de Intervención, que además se aprobaron en la prórroga de la ley de orden público, y el movimiento que estamos haciendo, en mi cabeza, como Consejero Presidencial de Derechos Humanos”.
Además, destacó que, según los estudios realizados al fenómeno, en el 95 por ciento del territorio nacional no se ha registrado casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que significa que en solo 45 de los 1.051 municipios del país se han registrado homicidios de líderes sociales.
Barbosa hizo énfasis en que, al realizar una comparación entre la tasa global de homicidios en el país con la tasa de líderes asesinados por cada 100.000 habitantes, arroja 0,02 homicidios de líderes en el 2019.
“Creo que es importante hacer, también, este tipo de reflexiones para efecto de poderle mostrar al país y al mundo lo que está ocurriendo, frente a los crímenes de líderes sociales”, dijo el Consejero, y agregó que “son cifras que nos duelen y que es necesario combatir para tratar de reducirlas al mínimo nivel”.
Sobre los factores de riesgo que rodean los homicidios de líderes sociales, informó que hay relación de yacimientos mineros ilícitos, grupos armados organizados ilegales y la dinámica criminal alrededor de los cultivos ilícitos.
“Tenemos tres factores de riesgo: cultivos ilícitos, narcotráfico, atado a minería ilegal, y por supuesto, grupos armados. Son los tres factores que nos están golpeando entre el 4 y el 5 por ciento del territorio colombiano”, señaló el Consejero.
Con respecto al reto de reducir la cifra del 32 por ciento, Barbosa aseveró que el Gobierno incrementará sus acciones y presencia en los territorios, no solo con aumento en el pie de fuerza, sino también “con servicios públicos, con provisión de bienes públicos, como salud, educación y servicios sociales”.
