Manzanas podridas u ovejas negras
El Estado debe realizar esfuerzos para profesionalizar gestión administrativa de Fuerzas Armadas.
Hugo Acero Velásquez
Queremos pensar que los recientes hechos de corrupción en el Ejército, denunciados por la revista ‘Semana’ y procesos judiciales que adelanta la Fiscalía General de la Nación, son la excepción y no la regla en la gestión administrativa y financiera de esta Institución. Ojalá, como dice el presidente Iván Duque, solo sean “manzanas podridas u ovejas negras o personas que pretenden enlodar el comportamiento honorable de la institución”.
Sin embargo, los distintos casos denunciados e investigados ponen en evidencia un manejo no profesional, transparente y gerencial en la gestión pública. Lo primero: es evidente cómo algunos generales consideran y manejan los recursos públicos como propios y de la familia. El general Adelmo Fajardo Hernández, quien dirigió el Comando de Educación y Doctrina del Ejército entre 2016 y 2017, al parecer pedía y recibía millones de pesos del presupuesto y de la extorsión a que eran sometidos algunos proveedores, sin que los funcionarios cercanos, por miedo u obediencia debida, mal interpretada, se opusieran o denunciaran estos delitos.
El general Jorge Romero, hasta hace unos días jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo del Ejército, con el apoyo de su esposa, presuntamente exigía recursos a contratistas y vendía salvoconductos especiales para el porte de armas. El general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, ofreció “cien millones de pesos o seis meses de permiso” a quien diera los nombres de quienes habían entregado información a los medios de comunicación. Recursos o permisos remunerados que en la administración pública son ilegales.
A estos graves hechos se agrega la captura de varios miembros del Ejército que se apropiaban de viáticos de viajes que nunca se realizaban, cobraban por actos administrativos falsos y hacían exigencias económicas para garantizar traslados de oficiales a diferentes sedes del Ejército. Hoy también se conocen algunas denuncias de corrupción en la Policía en los ascensos.
¿Pero qué favorece estos comportamientos ilegales en las instituciones armadas? Una práctica administrativa endogámica, es decir, el manejo administrativo lo realizan los mismos miembros de la institución, con el agravante de que no todos tienen la formación ni la experiencia administrativa en el sector público para cumplir esa labor como se debiera. Oficiales y suboficiales que por largos periodos han estado en la parte operativa y de seguridad y son nombrados, por ascenso o premio, en cargos administrativos para los que no tienen formación ni, menos, experiencia.
Por otro lado, la mayoría de subalternos, de menor rango, ante las órdenes de sus superiores no se atreven a cuestionarlas, sabiendo algunos de ellos que son irregulares; una obediencia casi absoluta que facilita la acción ilegal de algunos superiores.
Esta práctica administrativa, poco profesional, además de facilitar hechos irregulares como los denunciados e investigados, saca a muchos oficiales, suboficiales, patrulleros y soldados de los servicios de defensa y seguridad ciudadana para los que fueron formados. Entre el 15 y 20 % de los uniformados, en cada una de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía) están en labores administrativas, cuando deberían estar garantizando la seguridad de la nación y de los ciudadanos.
Frente a estas situaciones irregulares, el Estado tiene la obligación de realizar importantes esfuerzos para profesionalizar la gestión administrativa de las Fuerzas Armadas, en la mayoría de los casos con personal civil no uniformado, que tenga la formación y experiencia debidas. Esta fue una de las recomendaciones que hizo la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Fortalecimiento de la Policía Nacional en 2017.
Si se sigue así, como bien lo dijo un oficial, “cuando los generales pierden la vergüenza, los oficiales pierden el respeto”, y en algunos casos terminan haciendo lo mismo.
