¿Cadena Perpetua para las niñas y los niños?
Es muy preocupante que “el coco” simbólico de la prisión perpetua termine llevado a las familias nuevamente al silencio, al encubrimiento y a la negación del hecho, exponiendo a los niños a su revictimización.
Gerardo Barbosa Castillo
Catedrático Universidad Externado, Presidente De La Comisión Asesora De Política Criminal
La Silla Vacía
Bogotá, 24 de octubre_ RAM_Cursa en el Congreso un proyecto de reforma al artículo 34 constitucional, encaminado a instaurar la cadena perpetua para quienes cometan delitos atroces contra niños, niñas y adolescentes, el cual acaba de ser aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes. Esta es una de esas iniciativas que a primera vista parece convincente: un abusador merece lo peor de lo peor, entonces ¿por qué oponerse a que se imponga una sanción ejemplarizante y rigurosa a quienes atentan contra lo más sagrado que puede tener una sociedad?
Pero, así como el agua puede terminar avivando cierto tipo de incendios en lugar de apagarlos, una medida penal mal empleada puede terminar por generar un efecto paradójico en contra de aquello que pretende protegerse o evitarse. En efecto, el argumento central de la propuesta es proteger a las niñas y niños de los depravados que abusan sexualmente de ellos, luego lo que debe entenderse es que para quienes impulsan la propuesta, la amenaza de prisión perpetua es un instrumento eficaz para intimidar a la mayor parte de los pervertidos y para que a los restantes se les neutralice metiéndolos a la cárcel de por vida. Estos dos argumentos se refuerzan en el debate insinuando que quien afirme lo contrario defiende a los abusadores. En realidad, ninguno de esos argumentos es válido y, lo peor, es que lo que aparenta ser una idea bien intencionada, termina por afectar a las niñas y niños con mayor intensidad.
La Comisión Asesora en Política Criminal del Estado Colombiano, de la que soy presidente, integrada por académicos de diversas universidades y tendencias ideológicas, conceptuó recientemente de manera unánime que el proyecto de instaurar la prisión perpetua no es viable jurídicamente, no es útil en términos reales, no es conveniente en términos prácticos y puede, en cambio resultar peligrosa para los derechos de las niñas y niños y muy nociva para el Estado de Derecho. Por espacio, sólo algunas razones.
Si se mantiene la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de llegar a aprobarse el proyecto de acto legislativo que pretende implementar la prisión perpetua, éste resultaría contrario a la propia Constitución. Se requeriría un muy improbable cambio de jurisprudencia para que semejante reforma no se entienda como una sustitución de la Constitución vigente. Y en ese remoto evento, habría que preguntarse si existen datos empíricos que permitan suponer fundadamente que un pervertido capaz de abusar de un menor se abstendría de hacerlo por temor a una pena; la respuesta es no.
Al contrario, se sabe que las penas no cumplen en estos casos la función de prevenir el delito, porque el delincuente actúa en la clandestinidad y atemorizando a su víctima, de manera que confía en que hará parte de esa impunidad que hoy en día sobrepasa el 95 por ciento.
Más grave aún: si tocar morbosamente puede dar lugar a la misma pena extrema que violar y matar a un(a) menor, seguramente los depravados optarán por matar a sus víctimas para aumentar la probabilidad de impunidad. La supuesta medida de protección de los niños termina por convertirse así en un estímulo a agresiones de mayor magnitud.
La cuestión adquiere visos sociales complejos si se tiene en cuenta que la mayor parte de atentados sexuales contra menores de edad se da en sus entornos de cuidado, esto es, en la familia, en el jardín, en el colegio. Y la constante hasta hace poco tiempo era el silencio, el temor a hablar, el miedo y la vergüenza a exponer en público que un padre, un tío, un abuelo, un maestro fueron capaces de semejante horror; pero también, el temor de que ese padre, tío, abuelo fueran a parar a la cárcel, deshonrando a toda la familia y, en muchos casos, dejando de proveer lo necesario para el sustento. Una cadena de factores que sólo pueden propiciar impunidad.
Lentamente se está superando esa cadena de maltrato, machismo, silencio e impunidad y es muy preocupante que “el coco” simbólico de la prisión perpetua termine llevado a las familias nuevamente al silencio, al encubrimiento y a la negación del hecho, exponiendo a los niños a su revictimización.
A pesar del tormento al que el sistema judicial las expone, las madres están acudiendo cada vez más a las autoridades para denunciar casos de abuso de sus hijos que antes quedaban en el más absoluto silencio; una medida torpe como la implementación de la prisión perpetua podría tener un efecto devastador y regresivo.
Finalmente, un argumento que parece mezquino, pero es relevante: si el capricho de implementar una medida ineficaz y riesgosa como la prisión perpetua se aprueba por el Congreso y obtiene el visto bueno de la Corte Constitucional, deberá destinarse un presupuesto significativo para su puesta en marcha, así los jueces condenen a muy pocas personas a esta pena.
Las víctimas, en estos casos, habitualmente no pretenden venganza, sino justicia y tranquilidad; si se aplicaran las penas que hoy existen seguramente sería suficiente, pero el problema real es que no se aplican y las víctimas siguen expuestas y sufriendo toda la vida las consecuencias del abuso. El presupuesto cuantioso que tendría que destinarse a la infraestructura y sostenimiento de la prisión perpetua sería, con seguridad, mucho más útil en programas de asistencia y de prevención.
Esperemos que el Congreso decida responsablemente conforme a lo que le conviene a las niñas y niños y no los condene a una cadena perpetua de abuso, silencio e impunidad.
