Minería ilegal se extendió en 6.000 hectáreas más en 2019
Bogotá,23 de febrero_ RAM_ La extracción ilícita de minerales no requiere de consultas previas ni de licencias. Por ejemplo, “en la carretera Panamericana, en Santander de Quilichao, ha habido explotación ilícita frente a todo el mundo, a todas las autoridades”, dice Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Sin consultas ni convocatorias sociales para rechazarla, el área de extracción ilícita de oro de aluvión en tierra avanzó 6,5 por ciento en el último año, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un avance mayor que el 2 por ciento de la producción total del sector de minas y canteras en el PIB, que creció por primera vez en seis años. Para las comunidades, la actividad ilegal les lleva condiciones de trabajo irregulares, les niega las regalías y los impuestos y trae violencia.
Para el ambiente, destruye bosques, fuentes de agua y no restaura el paisaje, una vez la actividad ilegal termina.
En oro, de acuerdo con la UNODC, en el año 2019 se llegó a 98.000 hectáreas explotadas a cielo abierto. Sobre la actividad ilegal subterránea no hay cálculos.
De ese total, el 51 por ciento está en zonas excluibles, como reservas forestales o parques naturales. En zonas de minería restringida está el 10 por ciento. El total del 2019 superó las 92.000 hectáreas del 2018, es decir que creció 6,5 por ciento, o 6.000 hectáreas en el año. Más de 16 hectáreas por día, o un área cercana a unas 32 canchas de fútbol cada 24 horas.
Según la Brigada contra la Minería Ilegal, el pasivo ambiental en las 10.000 hectáreas en las que ha intervenido para recuperación en los últimos 4 años puede valer 1 billón de pesos. Si ese costo se lleva a toda la explotación ilegal, se estaría hablando de 10 billones de pesos.
Antioquia y Chocó son los departamentos más afectados por la explotación ilícita de oro en tierra, con una participación del total nacional del 40 y 38 por ciento, respectivamente, y la Orinoquia y el Amazonas son los que más están en riesgo por la explotación en agua, con el agravante de que en estos departamentos la minería se está ejecutando o en zonas excluibles de minería o en las zonas exentas de minería.
