Aprobado Proyecto de Ley que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Comisión Primera del Senado aprobó el Proyecto de Ley de Reforma al Código de Procedimiento Administrativo

Bogotá, 02 de junio_ RAM_ La Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad (17 votos a favor) el Proyecto de Ley de Reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), iniciativa del Consejo de Estado y del Gobierno Nacional liderada por la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, y cuyo objetivo es poner fin a uno de los mayores problemas de la administración de justicia: la congestión.

De acuerdo con las cifras expuestas por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, en 2019 la jurisdicción contencioso-administrativa tenía a cargo 270.456 procesos, de los cuales 34.195 se encuentran en esta Alta Corte: 84.606 en los tribunales administrativos y 151.655 en los juzgados administrativos.

Según la Ministra Cabello, acercar la justicia al ciudadano es una tarea urgente en la que su cartera trabaja sin descanso, por lo que ha puesto todo el énfasis en los proyectos que cursan en el legislativo bajo su liderazgo, como el Estatuto de Arbitraje y la reforma a los consultorios jurídicos.

Así mismo, la alta funcionaria aseguró que próximamente serán presentados algunos proyectos de carácter administrativo, como el de la Jurisdicción Agraria en el marco del Acuerdo de Paz, el Estatuto de Conciliación, la Reforma al Código General del Proceso y el rediseño de las comisarías de familia.

Cabe anotar que la transformación digital, en la que se ha avanzado de manera importante, permite al Consejo Superior de la Judicatura establecer medidas para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa.

A este respecto, la titular de la cartera de Justicia manifestó que su administración está apoyando al sector Justicia, a la Rama judicial y al Consejo Superior de la Judicatura para avanzar e ir más allá del expediente digital, del que dijo “es una mínima parte de lo que significa la transformación digital”.

“La digitalización de la justicia es una tarea que se cumplirá en el largo plazo y por ello hemos emprendido varias acciones, entre ellas, seguir el ejemplo de países como España en la materia. Y también hemos recurrido al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, resaltó Cabello Blanco.

Finalmente, reiteró que la misión de su Ministerio es la de ser un ente articulador que recurre a la colaboración armónica para cumplir con sus objetivos. “Siempre he considerado que el trabajo coordinado entre los tres poderes -con la discrepancias necesarias- es la mejor forma de darle valor y acreditación a la democracia”, indicó.

En una sesión calificada como histórica, por cuanto es la primera vez en el Senado que se discuten y aprueban proyectos de ley de manera virtual, la Comisión Primera dio luz verde a dos iniciativas: avaló una reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia de descongestión, y también hizo una modificación a la Ley Quinta en lo que se refiere a las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL.

Por más de ocho horas, esa célula legislativa se dedicó a estudiar a profundidad los dos proyectos de ley aprobados. Con 17 votos a favor avaló la iniciativa que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), iniciativa del Consejo de Estado y del Gobierno Nacional, y cuyo objetivo es poner fin a uno de los mayores problemas de congestión en la administración de justicia.

De acuerdo con las cifras expuestas por el Consejo de Estado, en 2019 la jurisdicción contencioso administrativa tenía a cargo 270.456 procesos, de los cuales 34.195 se encuentran en esta alta corte: 84.606 en los tribunales administrativos y 151.655 en los juzgados administrativos.

En el marco de la estrategia planteada por el Consejo de Estado, en armonía con los planes fijados por el Gobierno nacional, se pretenden reformas al sistema judicial para hacerlo más ágil y cercano al ciudadano, por lo que se propone la revisión y ajuste de algunos aspectos del procedimiento que se surte ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Se establece la creación de nuevos despachos judiciales con el personal requerido y dotación de recursos para su funcionamiento. Con el fin de incrementar el número de cargos y despachos judiciales requeridos para atender los cambios de competencia efectuados en esta ley, no serán aplicables a la Rama Judicial las restricciones a las que se refiere el artículo 51 de la Ley 1955 de 2019. La nueva planta de cargos se creará y hará efectiva una vez que el Gobierno nacional garantice las apropiaciones presupuestales necesarias para ello. Se precisó que el Ministerio de Hacienda no ha enviado el costo de esta reforma.

El senador ponente Eduardo Enriquez Maya dijo que en las estadísticas actuales existen índices de congestión elevados en casi todos los despachos judiciales del país, circunstancia que ha limitado en forma notoria el derecho fundamental de acceso eficiente y oportuno a la administración de justicia.

Explicó el legislador que los indicadores de gestión de la Rama Judicial con corte al primer semestre del año 2017, revelan que los niveles de congestión se mantienen en el tiempo y los índices de evacuación total y parcial han descendido, lo que ha conllevado a la pérdida de credibilidad en el sistema judicial dado que, aunque se resuelven los casos, la decisión se produce de manera tardía.

Por la anterior razón, según el legislador un eje central de este proyecto de Ley se refiere a varios ajustes normativos en esta materia, que tendrán por objeto redistribuir armónicamente las competencias entre los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado.

Objetivos del proyecto

Por otra parte, explicó el ponente que el éxito de los planes de descongestión en los juzgados y tribunales respecto de los procesos iniciados en vigencia del Decreto 01 de 1984 también incrementó el número de procesos de conocimiento en segunda instancia y por vía de recursos extraordinarios en el Consejo de Estado, lo que ha ocasionado que esta corporación tenga represadas muchas de las decisiones de segunda instancia y de los recursos extraordinarios.
En este sentido, el proyecto se enfoca en los siguientes objetivos:
a) Fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado como órgano de cierre.
b) Agilizar al trámite del proceso contencioso administrativo.
c) Afianzar la legitimidad de la administración de justicia con decisiones oportunas.
d) Resolver antinomias y ambigüedades que generan inseguridad jurídica.
e) Acercar más la justicia contenciosa administrativa al ciudadano con el objeto de prestar un mejor servicio en su oportunidad y eficiencia, lo cual redundará en su legitimidad y en la observancia del derecho a la buena administración de justicia.

Por unanimidad, la Comisión Primera del Senado aprobó el informe de ponencia del proyecto de ley por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción. Seguidamente, el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, puso a discusión de los 18 integrantes de la Comisión la votación del articulado.

“Es necesaria la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, ya que la Ley 1437 de 2011 ya tiene ocho años y es necesario actualizarlo para rescatar la confianza de la ciudadanía en la justicia y que los jueces sean ágiles en dictar sentencias, ya que se demoran hasta años para dictar una de ellas. Rescatar la confianza, ya que el 82% de los colombianos desconfían de la justicia. Falta personal profesional en el Consejo de Estado para que en todo el país se fortalezca la justicia. Hay seis departamentos que no tienen jurisdicción y no hay jueces municipales para impartir justicia ágil y efectiva”, precisó el senador Enríquez Maya.

El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, frente a la propuesta de modernización del Código de Procedimiento administrativo y lo Contencioso Administrativo dijo que existen 278 mil procesos en lista para resolver, la congestión es del 75%, es una situación difícil y nos tiene en dificultades para resolver ágilmente.

“Invitamos a los congresistas para que aprueben la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo para lograr la agilidad al impartir justicia, ser más eficaz, moderna y que se fortalezca el sistema judicial con recursos económicos y humanos. Necesitamos descongestionar el sistema puesto que la respuesta para la ciudadanía alcanza hasta los tres años o más”, aseveró el Presidente del Consejo de Estado.

El secretario técnico del Consejo de Estado, William Hernández, reconoció que tienen una congestión de procesos muy alta.

“Ciento sesenta mil procesos en inventario, 80 mil procesos en los tribunales y en el Consejo de Estado 35 mil que impiden agilizar a lo que suma que los magistrados en el tribunal tienen en fila 464 y en el Consejo de Estado cerca de 1.300 procesos cada magistrado de las secciones segunda y tercera. Esto impide un desarrollo adecuado para responder oportunamente”, destacó Hernández, secretario técnico del Consejo de Estado.

Hernández agregó que se necesita una justicia más ágil, fortalecerla y que puedan acceder fácilmente la ciudadanía para impartirla de manera equitativa y rápida, por lo tanto, invitó a que sea aprobado el proyecto de ley de la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo que se debate en la Comisión Primera.

Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello, acercar la justicia al ciudadano es una tarea urgente en la que su cartera trabaja sin descanso, por lo que ha puesto todo el énfasis en los proyectos que cursan en el Legislativo bajo su liderazgo, como el Estatuto de Arbitraje y la reforma a los consultorios jurídicos.

Así mismo, la alta funcionaria aseguró que próximamente serán presentados algunos proyectos de carácter administrativo, como el de la Jurisdicción Agraria en el marco del Acuerdo de Paz, el Estatuto de Conciliación, la Reforma al Código General del Proceso y el rediseño de las comisarías de familia.

Cabe anotar que la transformación digital en la que se ha avanzado de manera importante, permite al Consejo Superior de la Judicatura establecer medidas para implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa.

A este respecto, la titular de la cartera de Justicia manifestó que su administración está apoyando al sector Justicia, a la Rama judicial y al Consejo Superior de la Judicatura para avanzar e ir más allá del expediente digital, del que dijo “es una mínima parte de lo que significa la transformación digital”.

“La digitalización de la justicia es una tarea que se cumplirá en el largo plazo y por ello hemos emprendido varias acciones, entre ellas, seguir el ejemplo de países como España en la materia. Y también hemos recurrido al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, resaltó Cabello Blanco.

Finalmente, reiteró que la misión de su Ministerio es la de ser un ente articulador que recurre a la colaboración armónica para cumplir con sus objetivos. “Siempre he considerado que el trabajo coordinado entre los tres poderes -con la discrepancias necesarias- es la mejor forma de darle valor y acreditación a la democracia”, indicó.

Cambios a norma sobre UTL

Por otro lado, los congresistas de la Comisión Primera del Senado también aprobaron en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se interpreta el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificada por el artículo 1° de la Ley 186 de 1995 y el artículo 7° de la Ley 868 de 2003, sobre las Unidades de Trabajo Legislativo, UTL.

“Interpretase la expresión “cada Congresista contará para el logro de una eficiente labor legislativa, con una Unidad de Trabajo a su servicio” contenida en el inciso 1° del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, en el siguiente sentido: Para el logro de una eficiente labor legislativa, social, política y de control de los Congresistas, los funcionarios que estén vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo, deben realizar sus funciones en las instalaciones del Congreso de la República, en la respectiva circunscripción, donde fue electo el Congresista o donde este deba ejercer sus funciones”, dice el artículo aprobado.

Agrega el texto que “la labor de los funcionarios vinculados a la Unidad de Trabajo Legislativo podrá incorporar actividades de apoyo político y su actividad se sujetará a mecanismos de información, control y seguimiento dispuestos por la Dirección Administrativa correspondiente”.