4 millones de colombianos están en teletrabajo

Bogotá, 15 de julio_ RAM_ Cuando más de 4 millones de ciudadanos cumplen en el país con su jornada laboral diaria mediante el teletrabajo por las cuarentenas decretadas por el Covid-19, el Gobierno se apresta a presentar un proyecto de ley al Congreso luego del próximo 20 de  julio, para regular esta actividad. Sin duda, esta es una modalidad que ha sido clave durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anticipó que este mes presentará, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley para reglamentar el trabajo en casa.

El anuncio fue hecho luego de conocer las cifras de los colombianos que están practicando esta modalidad laboral, que ha dado muy buenos resultados en el marco de la contingencia generada por el Covid-19.

“Antes de la pandemia nosotros teníamos cerca de 122 mil trabajadores únicamente en el teletrabajo. Hoy podemos afirmar que tenemos cerca de cuatro millones de ciudadanos en trabajo en casa, realizando las dos figuras”, indicó.

El funcionario señaló que esta será una de sus prioridades una vez se reactive el Congreso, al ser una sentida necesidad de los trabajadores en el país.

El ministro Cabrera destacó que las encuestas realizadas durante esta época de pandemia señalan que los colombianos están de acuerdo con el trabajo en casa, siempre y cuando se realicen reglamentaciones especiales.

“Las encuestas demuestran que cerca de 60 personas están utilizando el trabajo en casa y están de acuerdo con esa figura. Además, hemos visto que el 82% lo prefiere, pero bajo otras modalidades, eso es lo que estamos haciendo tratando de reglamentar”, sostuvo.

Cabrera dijo que se deberá trabajar de manera profunda en el tema de seguridad social, con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

“El tema de riesgos laborales nos toca legislarlo un poco más profundo porque no estaba previsto, pero esto nos demuestra que la pandemia nos obligó a cambiar a todos y por eso nosotros nos estamos adaptando a esta nueva situación”, resaltó.

Cabrera dijo que, en el trabajo en casa, la relación laboral permanece vigente, así como las garantías laborales, sindicales y de seguridad social, a la vez que no puede haber disminuciones unilaterales de salario, so pretexto de que el trabajo se desarrolla en el hogar.

“La nueva modalidad de trabajo en casa que ha tomado fuerza, dada la nueva dinámica laboral que se ha generado por la pandemia del Covid-19 y busca que no se interfiera en los espacios personales y familiares del trabajador, evitar que los fines de semana y días de descanso se soliciten tareas y se respete la vida personal y los descansos a los que este tiene derecho”, concluyó.

De otra parte, el Partido Conservador le presentó una propuesta al Gobierno para que justamente esa modalidad de empleo se ejecute de manera obligatoria en entidades públicas y privadas, además, que se convierta en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ciudadanos en Colombia.

“Una de las ventanas de cambio más grandes que ha permitido vivir la crisis del Covid-19, es la experiencia del teletrabajo. Con ella muchas empresas han podido continuar siendo productivas”, dijo Luis Karol León, vicepresidente del Partido.

Según el dirigente, esa modalidad de empleo ayudaría a mejorar la calidad del medio ambiente, reducir los problemas de movilidad, el tiempo en familia y reducir costos para las empleadores y empleados.

Con anterioridad, ya el mismo ministro Cabrera había establecido algunas condiciones para el teletrabajo, como es el caso de los turnos, en el que se enfatiza que los empleadores no podrán asignar cargas de trabajo diferentes a las que correspondan dentro de la jornada laboral.

Igualmente, deben respetar los días pactados, a la vez que el asalariado tendrá que atender de manera prioritaria -en su horario laboral- los correos electrónicos y mensajes vía Whatsapp, directrices que imparte en la circular 0041 de 2020, el Ministerio del Trabajo, respecto al trabajo en casa.

Indica que a través de la concertación entre empleadores y trabajadores, pueden organizarse turnos sucesivos que no excedan las 8 horas al día y máximo 36 horas a la semana, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

Así mismo, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia, con un previo acuerdo entre empleadores y trabajadores, la jornada laboral puede distribuirse en 4 días de la semana con un trabajo diario de máximo 12 horas, permitiéndole así mayores días de descanso a los empleados y sin tener que hacer modificaciones del reglamento interno del trabajo.

“Es importante resaltar que para los casos en los que las jornadas abarquen horarios nocturnos o festivos, deberán aplicarse los recargos correspondientes, cuyos pagos también deberán ser acordados entre las partes y se podrán diferir. Además, los empleadores se encargarán de garantizar el cumplimiento en seguridad y salud”, dijo.

De acuerdo con Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, uno de los temas que están pendientes en el tema del teletrabajo, son algunos aspectos como las prestaciones laborales. “Las prestaciones como la dotación no podrían cambiarse porque su fuente es el Código Sustantivo del Trabajo, el tema de pasar un subsidio de transporte a uno de conexión está bien intencionada. Pero, por ejemplo, en la Ley 1221, en la que está el teletrabajo, se determina el auxilio de conexión para todas las personas que lo realizan, lo que se hizo con esta determinación fue limitarlo a unos trabajadores”.

Según el experto, al iniciar la pandemia en el país, el Gobierno “casi que desmontó con una circular el modelo de teletrabajo e incorporó el trabajo en casa. Esta figura es difícil de explicar porque se está tratando de legislar algo que ya existía en una ley y ahora se hace vía circulares”.

Es importante, según Jaramillo, dado que se están haciendo estos cambios, que el Gobierno empiece a impulsar el derecho a la desconexión laboral y se haga una buena aplicación del teletrabajo, que se hace con leyes que no son nuevas y no se toman por la pandemia, sino que están en el país desde el 2008.