Corte Suprema de Justicia remite expediente de Uribe por masacre de El Aro a la Fiscalía
Agencia ANADOLU
Bogotá, 15 de septiembre_ RAM_ La Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana remitió a la Fiscalía la indagación previa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su posible relación con tres masacres paramilitares cometidas en El Aro, San Roque y la Granja, departamento de Antioquia, y por el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía General de la Nación la indagación previa contra exsenador Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle.
Los delitos mencionados fueron cometidos por grupos paramilitares cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
Cabe destacar que el exmandatario y exsenador estaba citado este miércoles a una indagación en la Corte Suprema de Justicia para que rindiera una versión libre sobre esos hechos.
La CSJ señaló que, tras la renuncia de Uribe a su curul como senador, no podrá seguir llevando el caso preliminar en su contra por su presunta relación con dichas masacres.
Uribe renunció el pasado 18 de agosto al Senado de Colombia después de la medida de detención preventiva domiciliaria en su contra, ordenada el 4 de agosto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La medida de detención se ordenó en el marco de un caso que investiga a Uribe porque habría buscado desacreditar, con la compra de testimonios falsos, unas denuncias del senador Iván Cepeda sobre unos posibles vínculos suyos con grupos paramilitares.
Durante la Gobernación de Uribe (1995-1997), Antioquia fue el escenario de sanguinarias masacres.
En octubre de 1997, unos 150 paramilitares ingresaron al corregimiento de El Aro (municipio de Ituango) y asesinaron selectivamente a más de 15 campesinos. En este contexto, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso manifestó en versión libre, desde una cárcel en Estados Unidos, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló Ituango mientras se cometían los crímenes y que Uribe tenía conocimiento de los mismos.
Para el 2015, un fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigara a Uribe, en su condición de gobernador, por estos hechos.
A su vez, la Corte Suprema declaró a la masacre de El Aro como un crimen de lesa humanidad por lo que los asesinatos no prescribirán y podrán ser investigados en cualquier momento.
En 2018, un fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín pidió abrir otro proceso contra Uribe por la masacre de La Granja, cometida por unos 30 paramilitares en junio de 1996 y donde fueron asesinadas cinco personas.
Comunicado de La Corte
Mediante providencia adoptada hoy, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia declara, ante la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su condición de congresista, que ha perdido competencia y remite a la Fiscalía General de la Nación el proceso con radicado 45110 que se le adelanta por los siguientes hechos:
1996i) Presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa de una estructura armada organizada al margen de la ley, en el nordeste antioqueño, que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia), de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época; y que, al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996.
1997.ii) La presunta intervención de Álvaro Uribe Vélez, en su condición de gobernador de Antioquia, en las agresiones de que fue víctima la población civil de Ituango (Antioquia), que se han denominado: a) Masacre de la Granja, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996; b) Masacre de El Aro, en el corregimiento que lleva ese nombre, entre los días 22 y 31 de octubre de 1997. En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de diecisiete personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango.
III. El homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal del municipio de Ituango para la época de los hechos y defensor de Derechos Humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en la ciudad de Medellín.
Esta determinación se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos señalados en el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política para continuar conociendo de este asunto, de ahí que, por competencia, lo remita al Fiscal General de la Nación.