Expresidente Uribe Vélez seguirá detenido mientras la jueza del caso resuelve si continúa o no con la diligencia judicial
Alvaro Uribe Vélez
Europa Press
Bogotá, 16 de septiembre_ RAM_ Se suspendió hasta el próximo 22 de septiembre, la audiencia en la que se iba a definir la libertad del expresidente Álvaro Uribe por el proceso que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
La jueza 30 de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao se tomará una semana para evaluar la jurisprudencia existente y evaluar si se declara competente o no para resolver la libertad del expresidente Uribe.
La discusión se debe a que Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda le dijo a la jueza que carecía de competencia legal para resolver la libertad de Uribe, según él, porque la investigación debe seguir bajo el marco de la ley 600 que rige para aforados, porque el proceso que proviene de la Corte Suprema no hubo un cambio de legislación, sino un cambio de investigador.
«Simplemente ha pasado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía delegada, pero el procedimiento se mantiene porque era el vigente al momento de la comisión de los presuntos hechos que se investigan». recalcó el abogado Villalba.
El exfiscal, Eduardo Montealegre Lyneth, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo buscan acreditarse víctimas dentro del proceso contra Uribe. Ellos dos también pidieron que el proceso se mantuviera bajo la línea jurídica de la ley 600.
A su turno el coordinador de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, y quien tiene a cargo la investigación advierte que el juez natural para resolver la libertad del expresidente es un juez de control de garantías bajo la ley 906, que es el sistema de justicia ordinaria habida cuenta que Uribe ya no es un aforado, y los hechos investigados ocurrieron en 2018, y la ley vigente es el denominado Sistema Penal Acusatorio
«No es correcta la interpretación de traer en sede de justicia ordinaria argumentaciones especiales de fuero en atención a la condición de senador del doctor Uribe, que estaban vigentes allí en la Sala Especial de Instrucción de la Corte, aquí estamos confundiendo las cosas y las legislaciones también», insistió el Fiscal Jaimes.
La Procuraduría y la defensa del expresidente Uribe, el abogado Jaime Granado, se opusieron a los reparos de la representación de víctimas e insistieron que el proceso debe ser sometido a la ley 906, norma que rige para la justicia ordinaria, es decir, que es un juez quien debe decidir la libertad del expresidente porque este ya no tiene fuero constitucional.
La Justicia colombiana ha aplazado este miércoles hasta el próximo 22 de septiembre la audiencia para definir la libertad del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), en prisión domiciliaria desde hace poco más de un mes, mientras es investigado por un presunto delito de fraude electoral y por vínculos con grupos paramilitares.
Una jueza de un tribunal de Bogotá valorará durante estos días adicionales si hay jurisprudencia para declararse competente o no para resolver la situación actual de Uribe, después de que la defensa de una de las partes afectadas, el senador Iván Cepeda, defendiera que la magistrada no contaba con las competencias legales para dejar libre a Uribe.
De acuerdo con la defensa de Cepeda, la investigación debe seguir bajo el marco de la ley 600 que rige para los aforados, ya que en el proceso, que proviene del Supremo ya que Uribe renunció a su cargo de senador, no hubo un cambio de legislación, sino del ente investigador.
La defensa ha recalcado que «simplemente» el expediente ha pasado de la Sala de Instrucción del Supremo a la Fiscalía, «pero el procedimiento se mantiene porque era el vigente en el momento de la comisión de los presuntos hechos que se investigan».
Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, algunos de ellos relacionados con supuestos vínculos con escuadrones paramilitares.
Este caso se trata de una investigación por supuestos delitos de fraude electoral y manipulación de testigos, surgido después de que el propio expresidente iniciara un proceso contra el senador Iván Cepeda, a quien denunció por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle por vínculos con paramilitares.
Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio Uribe, ya que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió el senador del Polo Democrático, en algunas cárceles acusando al expresidente no fueron producto de manipulación ni de pagos.
«Uribe no debe quedar libre, pues representa un peligro para la correcta administración de justicia», ha escrito Cepeda en su cuenta de Twitter.
La defensa de Uribe, al igual que la Procuraduría, se ha opuesto a las peticiones de las víctimas y ha defendido que el proceso debe someterse a la ley 906, norma que rige la justicia ordinaria, ya que el acusado ya no tiene fuero constitucional.
Las víctimas de los numerosos procesos a los que tiene que hacer frente Uribe recelan de la Fiscalía, al estar en manos de un amigo íntimo del presidente, Iván Duque, quien es a su vez uno de los protegidos de Uribe, según amplios sectores del país.
Así lo consideran también los familiares del abogado defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle, por cuyo asesinato a finales de los 90 también se investiga a Uribe por su supuesta connivencia con los escuadrones paramilitares que le mataron mientras ejercía el expresidente como gobernador de Antioquia.
