Pueblos indígenas de la región Caribe en Colombia narraron su versión del conflicto armado

Jakeline Romero, perteneciente a la organización de derechos humanos Fuerza de Mujeres Wayuú,

 Agencia ANADOLU

Bogotá, 28 de septiembre_ RAM_ En Colombia entre 35 y 68 pueblos indígenas, de su región Caribe, han sido víctimas de exterminio físico y cultural por parte de los actores armados.

Este lunes fue el turno para que 10 pueblos indígenas del Caribe colombiano contaran su versión de lo ocurrido durante el conflicto armado ante la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz de noviembre de 2016.

Después de años de ser víctimas de los actores armados, representantes de las comunidades Wiwa, Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wayuu, Ette Ennaka, Embera Katío, Zenú, Yukpa y Mokañá contaron su verdad a la Comisión en un evento llamado Cuarto encuentro territorial virtual de reconocimiento indígena.

De acuerdo a Sonia Londoño, representante de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión, “el exterminio físico y cultural ha afectado, según la Corte Constitucional, a 35 pueblos indígenas”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha identificado, sin embargo, 33 pueblos afectados más, lo que aumenta a 68 el número de comunidades en riesgo.

Durante la jornada virtual, Daniel Maestre, médico tradicional del pueblo kankuamo, aseguró que “la verdad, en tiempos de guerra, es la más alejada, humillada y oscurecida”. “Vamos a quitarnos esos vestidos que ocultan la verdad, los vestidos del miedo, del temor, de la falsedad, de la rabia”, dijo.

Jakeline Romero, perteneciente a la organización de derechos humanos Fuerza de Mujeres Wayuú, señaló que siempre “ha habido una correlación entre todo lo que ha tenido que ver con el conflicto armado, con los intereses en el territorio y una intención de explotar los recursos naturales”.

Durante el conversatorio se mencionaron otros casos en los que las comunidades indígenas se vieron gravemente afectadas por, entre otros motivos, la militarización del territorio, la entrega de títulos mineros por parte del Estado, las concesiones para la exploración o explotación de proyectos de hidrocarburos o carbón, el despojo o “acaparamiento” de tierras por parte de grandes empresas, incluidas compañías extranjeras.

Pedro Manuel Loperena, indígena wiwa, habló específicamente del megaproyecto de la represa Ranchería, que estuvo rodeado de “masacres” que golperaron a estas comunidades.

“Había que desestabilizar al pueblo indígena wiwa, había que desmembrarlo”, lamentó Loperena.

Estos megaproyectos generaron la desaparición de al menos 17 cuerpos de agua en la región de La Guajira, según las comunidades indígenas.

Ramón Hernández, indígena arhuaco, afirmó que aunque los cuatro grupos étnicos que cohabitan en la Sierra Nevada de Santa Marta han “ganado alrededor de más de 50 sentencias” relacionadas con la protección del territorio, su situación “no ha sido tenida en cuenta por los mandatarios”.

Luis Misael Socarras, indígena wayuu, señaló que si él “tuviera a los responsables (de crímenes) al frente, les repetiría ¿cómo piensan reparar ese daño ambiental, ecológico, cultural y espiritual que le han ocasionado a La Guajira?”.

Iván Adolfo Luque, del pueblo kankuamo, lamentó que las comunidades indígenas han sido “víctimas de un proceso histórico de genocidio, de exterminio físico y cultural en el que el conflicto armado ha sido un eslabón». «Los pueblos indígenas somos un ejemplo de resiliencia”, añadió.

Angélica Cotes, coordinadora encargada de la región Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, valoró positivamente estos encuentros territoriales de verdad que adelanta la Comisión.

“Estos espacios pueden fomentar la rendición de cuentas, preservar las pruebas, identificar a los autores y recomendar indemnizaciones y reformas institucionales, así como dar a conocer los relatos de las víctimas”, recalcó.

Este es uno de los cinco eventos preparatorios territoriales que son preámbulo de un gran acto nacional que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, donde se tendrán las voces de los pueblos indígenas a nivel nacional y el reconocimiento por parte de los responsables de las afectaciones cometidas en el marco del conflicto.

Para el encuentro de octubre se espera tener la voz y el reconocimiento de algunas de las personas que fueron victimarios de las comunidades, como las desmovilizadas FARC, antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o miembros de la Fuerza Pública.