La JEP, podría ser un modelo y un referente obligatorio de justicia transicional para el mundo: Corte Penal Internacional

La historia de la justicia transicional y cómo la JEP podría convertirse en modelo internacional

La Corte Penal Internacional señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, lograda en el Acuerdo de Paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc, podría ser un modelo y un referente obligatorio de justicia transicional para el mundo. *

Por: José Ricardo Báez G.*

Agencia ANADOLU

Bogotá, 12 de noviembre_ RAM_ El término justicia transicional se ha usado desde hace muy poco. Solo en las últimas décadas del siglo XX en la academia se empezó a considerar como una rama política y legal diferente. Pero el inicio de este tipo de justicia ya se había dado a finales de la década de 1940, con el surgimiento de la ola de enjuiciamientos penales a líderes nazis por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, en el recordado Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.

“Es verdad que los tribunales por crímenes de guerra no fueron un invento de este período de posguerra. No obstante, los juicios de Nuremberg jugaron un papel fundamental en el establecimiento de normas internacionales de derechos humanos como estándares para juzgar los errores de regímenes anteriores”, explica Melissa Williams en su libro Transitional Justice.

Primeros sistemas

El gran cambio sucedió hacia el final de la Guerra Fría. Durante la desovietización empezaron a nacer pequeños países, tras la desintegración de la URSS en Europa oriental. Allí ocurrió la llamada “lustración”, que exigía que se juzgara a los funcionarios que sirvieron a los regímenes prosoviéticos, lo cual de alguna manera significaba crear un sistema transicional de justicia.

También sucedió durante la democratización de América Latina, cuando empezaron a caer las dictaduras militares establecidas en colaboración con EEUU y era necesario crear una transición democrática que juzgara los crímenes del pasado. Así, por ejemplo, en Argentina, Chile y otros países de la región se creó el movimiento “Nunca más” para exigir la responsabilidad frente a los abusos de derechos humanos ejercidos por los regímenes autoritarios.

Precisamente, las lecciones de la experiencia latinoamericana se extendieron a las transiciones democráticas en otras partes del mundo. Por ejemplo, Sudáfrica siguió el ejemplo de Chile y creó La Comisión de la Verdad y la Reconciliación como sustituta o complemento de los procesos penales contra los responsables de crímenes atroces durante el régimen del Apartheid. Esta Comisión estableció como parte fundamental de la justicia transicional una nueva norma: la verdad como un método de reconciliación social. La justicia entonces no solo era para la transición política, sino que debería ser restaurativa, pensando en el futuro del país para crear una verdadera democracia.

Tribunales ad hoc

También hacen parte de esta historia de justicia transicional el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, creado tras la guerra de los Balcanes, y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ambos establecidos en el decenio de 1990 como respuesta a la limpieza étnica y el genocidio. Desde entonces surgió la idea de crear una corte penal internacional que fuera capaz de juzgar a los criminales de normas internacionales: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Gracias a estos dos tribunales internacionales se volvió a hablar de genocidio en la comunidad internacional; antes de eso no hubo ningún juicio internacional de este delito. Ambas cortes subrayaron la importancia de enjuiciar penalmente a los responsables de abusos graves contra los derechos humanos y revelaron las limitaciones de centrarse exclusivamente en los fallos judiciales. En cambio, crearon formas de justicia más centradas en las víctimas.

Además, los procedimientos establecieron nuevas figuras jurídicas sobre las modalidades de participación en un crimen. Por ejemplo, el Tribunal para la antigua Yugoslavia sentenció a criminales bajo el principio jurídico de «empresa criminal conjunta», la responsabilidad de varias personas con un fin común que ejecutan actividades criminales y que pueden ser cometidas por todos o solo por algunos de los miembros. Esta teoría fue un desarrollo jurisprudencial de este tribunal, especialmente en el caso de Duško Tadić.

Por su parte, con el genocidio de Ruanda fue la primera vez que la comunidad internacional aplicó el Derecho Internacional Humanitario (las normas de la guerra) para conflictos no internacionales y se implementaron las Cortes Gacaca, un sistema de justicia comunitaria arraigado en la tradición ancestral de las comunidades étnicas: en praderas cercanas a los pueblos, donde usualmente se reúnen las autoridades, se señalaron a personas culpables para que cumplieran penas en la cárcel o hicieran trabajo forzado.

El Tribunal de Ruanda logró en el caso Akayesu, uno de los más importantes en derecho penal internacional, la primera condena por genocidio. La Corte declaró a Jean-Paul Akayesu culpable por no haber impedido ni detenido una violación en su calidad de oficial al mando y no necesariamente por haberla cometido personalmente, y determinó que el hecho de que un grupo étnico (los hutus) violara a cientos de mujeres de manera generalizada y sistemática con el propósito de que no tuvieran hijos de la otra etnia (los tutsis), constituía un acto de genocidio.

El surgimiento de la CPI

Más tarde, con la fundación de la Corte Penal Internacional (CPI) se creó una institución permanente veedora de la justicia transicional, un tribunal independiente de las Naciones Unidas y permanente, que reemplazaba a los tribunales ad hoc como el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal para la antigua Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda. Con la adopción en 1998 y la entrada en vigor en 2002 del Estatuto de Roma, esta corte se declaró competente para investigar y juzgar el crimen del genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de los Estados miembro.

Además, este documento estableció un marco de principios de derecho penal internacional como la Responsabilidad Individual Penal, la cual juzga a la persona y no a un colectivo, y el Principio de Legalidad Estricta, que respeta otros principios del derecho como prohibir la doble imputación, el derecho a la justa defensa y la presunción de inocencia, entre otros.

La idea con la CPI era la de crear una institución de disuasión para evitar la comisión de crímenes internacionales en el mundo, promover un elemento de justicia universal, terminar con la impunidad en materia de crímenes internacionales, buscar la terminación de los conflictos armados y remediar las deficiencias de los tribunales ad hoc (de la antigua Yugoslavia y de Ruanda), así como complementar los sistemas nacionales judiciales.

Colombia, modelo de justicia transicional

En 2018 una delegación de alto nivel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional colombiano dentro del marco del proceso de paz entre la exguerrilla de las Farc y el Estado, visitó la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, declaró su apoyo al trabajo de esta corte para “buscar justicia para las víctimas, de conformidad con la letra y el espíritu del acuerdo de paz, así como también con los principios, valores y requisitos del Estatuto de Roma”. De este modo, la CPI dio su respaldo para que la JEP sancione conductas que de otro modo podrían ser de su competencia.

Durante el seminario “Impacto de los tribunales internacionales de jurisdicción subsidiaria” James Stewart, vicefiscal de la CPI, y la jueza Luz Ibañez Carranza señalaron que la JEP puede convertirse en un modelo referente en el mundo de trabajo coordinado con la corte internacional. Stewart aseguró que Colombia es pionero en el diseño de un sistema “para lidiar con el legado de violaciones graves a los Derechos Humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación”.

Según el magistrado Danilo Rojas, el presidente de la Sección de Apelación de la JEP, la corte de justicia transicional colombiana viene investigando casos bajo tres principios fundamentales: priorizar graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, involucrar a los máximos responsables y determinantes de tales violaciones, y enfatizar en patrones y no tanto en casos individuales.

No obstante, el actual Gobierno colombiano se ha opuesto a este modelo de justicia transicional. El presidente Iván Duque presentó objeciones a artículos de la JEP ante el Congreso que no fueron aprobadas en el legislativo, y el expresidente Álvaro Uribe ha propuesto llamar a un referendo para derogar el mandato de esta corte, juzgar por la justicia ordinaria a los guerrilleros y reformar definitivamente el Acuerdo de Paz entre las antiguas Farc y el Gobierno.

Lo cierto es que durante un proceso de transición se espera que las instituciones impartan justicia a los autores de los crímenes del pasado para que reconozcan y reparen a sus víctimas, de modo que exista una historia pública común y veraz de los hechos que llevaron al conflicto armado, condiciones fundamentales para alcanzar la paz y el mantenimiento del orden legal de un país. Lograr esto en conjunto es difícil y por eso en ocasiones los sistemas de justicia transicional suelen ser cuestionados; pero lo que es aún más difícil es diseñar un sistema de este tipo que funcione y que respete las normas internacionales. Y en eso, de acuerdo con la CPI, Colombia es pionero en el mundo.

*El autor de este artículo es periodista especializado en temas internacionales con maestría en Estudios Internacionales y maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Los Andes de Colombia.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.