El radical cambio que dio Colombia con respecto a su política de vacunación contra la COVID-19 a los migrantes
Por: Santiago Serna Duque
Agencia ANADOLU
Bogotá, 04 de febrero_ RAM_ Tras una serie de críticas por negarle la inmunización contra la COVID-19 a los migrantes indocumentados en el país, el Gobierno de Iván Duque reversó su decisión y anunció que trabaja en un programa de vacunación para atender a estas personas.
El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró el 21 de diciembre de 2020 que los migrantes en situación irregular en el país -la gran mayoría venezolanos- no serían prioritarios en el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus (COVID-19).
En su momento, el jefe de Estado le dijo a la cadena radial Blu que quienes no hayan adquirido “la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna”.
“Por supuesto que no (se inmunizará a dichos migrantes) -sentenció Duque-. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”.
Las palabras del mandatario fueron rechazadas por organizaciones internacionales y personalidades del país, quienes advirtieron que negarle la vacuna a estas personas no solo era un acto discriminatorio y antiético, sino que podría tener consecuencias epidemiológicas debido a que en Colombia hay asentados cerca de un millón de venezolanos que no han reglamentado su estatus migratorio.
Para ser más exactos, en el país residen 1.729.537 venezolanos, de los cuales el 44% -equivalente a un poco más de 762 mil- se encuentra en «condición regular», mientras que el 56% restante, más de 966 mil, estaría indocumentado, según cifras publicadas por Migración Colombia con corte al 31 de diciembre de 2020.
Con 2,1 millones de casos confirmados de COVID-19 en el país y casi 55 mil muertes, esta forma de exclusión sistémica amenazaría con prolongar la pandemia porque no se atendería a una población que se caracteriza por su vulnerabilidad: falta de un hogar estable y de acceso al sistema de salud y pésimas condiciones alimentarias, entre otros.
Por este tipo de políticas migratorias, ONG como Malteser International les pidieron a los Gobiernos del mundo que activen una cobertura equitativa a las vacunas basados en un enfoque de solidaridad.
“Cualquier cosa que no sea un acceso equitativo a las vacunas conducirá al empeoramiento de una situación que ya es de por sí caótica. Esto debería quedar claro para todos los gobiernos que deciden cuánto apoyo financiero proporcionarán para el acceso global a las vacunas”, dijo Annette Wächter-Schneider, directora de Programas y Secretaria General Adjunta de Malteser International.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que “servirá muy poco aplicar la vacuna a algunas personas mientras otras estén a merced de contraer la enfermedad, manteniendo la presión sobre los sistemas de atención sanitaria e imponiendo todavía más dificultades al personal de salud que ha estado en la primera línea de atención. Todas las personas del planeta deben tener acceso a las vacunas contra el COVID-19 sin ningún tipo de sesgo”.
En tanto, el director general de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), António Vitorino, apuntó en conversación con Noticias ONU que “los países tienen que prever la vacunación de todos los que están presentes en su territorio incluyendo a los migrantes, independientemente de su estatuto legal. No se trata de crear una prioridad para los migrantes. Al revés, se trata de aplicar a los migrantes los mismos criterios que se aplican a los ciudadanos nacionales. Es decir, aquellos que son más vulnerables por la edad o por razones de salud”.
Tal parece que este tipo de observaciones fueron consideradas por la administración Duque, pues se reversó la decisión de no inmunizar a los migrantes indocumentados y, en consecuencia, este anunció que trabaja en un programa de vacunación para atender a estas personas.
El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz Gómez, dijo el pasado lunes que estos migrantes están “siendo sujeto de un programa» diseñado con “cooperación internacional, porque la vacunación puede ser mucho más compleja” debido a su estilo de vida nómada.
El jefe de la cartera de Salud también se refirió al reto de salud pública para atender a los venezolanos que no han definido su condición migratoria en el país. “Acordémonos que hay que aplicarles una segunda vacuna, porque la mayoría de las vacunas vienen en dos dosis. Entonces, el reto aquí es identificar y tener la certeza de que esa población se va a vacunar y revacunar, que la podemos realmente ubicar con su lugar de residencia”.
En ese sentido, el Gobierno manifestó que trabaja para adelantar gestiones con el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual “ya tiene destinado un número bastante grande de vacunas para poblaciones en situación irregular en otros países y nosotros estamos haciendo la respectiva aplicación para tener acceso a esas vacunas”, puntualizó el ministro.
El pasado miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que América Latina y el Caribe, junto con Canadá, recibirán unas 280 millones de vacunas contra la COVID-19 entre mediados de febrero y finales de 2021.
El calendario de la OPS estima que Colombia tendrá un primer envío especial de la vacuna de Pfizer en las siguientes semanas. Además, el mecanismo Covax enfatizó que durante el primer y segundo trimestre de 2021 enviará a la nación cafetera 2.670.600 dosis producidas por distintas farmacéuticas.
Por lo pronto, el presidente Duque hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional para que movilice recursos que permitan inmunizar a los venezolanos que viven en Colombia.
“Hay mucha preocupación sobre los migrantes y los refugiados (…) mucha gente se da golpes de pecho, y en el mundo dicen qué dolor, qué pena, pero la movilización de recursos ha sido muy magra”, expresó Duque el pasado miércoles en una rueda de prensa.
El mandatario resaltó que la “comunidad internacional” aporta unos USD 2.000 por cada migrante sirio, mientras que para uno venezolano la ayuda económica se acerca a los USD 200.
En vísperas de comenzar el proceso de vacunación masiva en Colombia, y más allá de las buenas intenciones, el Gobierno dejó abiertos varios interrogantes relacionados con los protocolos que deberán seguir los migrantes para vacunarse y cuántos de ellos lo podrán hacer.
Según Duque, este lunes 8 de febrero se reunirá con el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, con el fin de resolver esas dudas y definir cómo será la inmunización contra el coronavirus para los migrantes.
Finalmente, el ministro de Salud reiteró que todos los migrantes de cualquier lugar del mundo que estén residentes regularizados en Colombia son considerados legalmente ante el sistema de seguridad social en salud como población «vacunable», tal como lo estipula la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015.
Hasta el momento, el Gobierno de Iván Duque ha dicho que compró en total 61.483.600 dosis para inmunizar a 35.241.800 personas en el país.
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