Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia entregan nuevo informe a organismos de paz
Agencia ANADOLU
Bogotá, 16 de marzo _ RAM_ Las integrantes de la organización Madres de Falsos Positivos (Mafapo) pidieron justicia y reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, entidades creados tras el Acuerdo de Paz de 2016.
La organización Madres de Falsos Positivos (Mafapo) presentó este martes 16 de marzo un nuevo informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad.
Mafapo entregó el documento ‘Unidas por la memoria y la verdad’, donde se documentan testimonios de varios familiares de víctimas de falsos positivos, como se le conoce en el país a los asesinatos de civiles cometidos por algunos miembros de las fuerzas armadas del Estado, especialmente el Ejército, que eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
En dicho documento, el colectivo compila más de 13 años de lucha por la búsqueda de justicia y verdad frente a estos hechos, presentados especialmente durante casi todo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Jacqueline Castillo, representante legal de Mafapo y hermana de una víctima de este atroz crimen, explicó que el informe, con «profundos» testimonios, se realizó a partir de entrevistas y encuentros entre familiares en diferentes regiones del país.
El documento busca mostrar las “afectaciones” que han vivido estas mujeres desde hace más de una década, que no solamente implica la pérdida de familiares, sino también complicaciones de salud, económicas, amenazas y otros riesgos a su seguridad, e incluso rupturas y conflictos al interior de sus hogares.
Beatriz Méndez, otra madre, aseguró que han «vivido situaciones traumáticas», lo que las ha hecho «padecer enfermedades como diabetes y del corazón”.
Castillo afirmó que el colectivo continúa exigiendo un acto de perdón público, pues no se van a conformar con “tener de frente a militares” que dispararon contra sus allegados: “Queremos que altos mandos nos den la cara y nos cuenten qué fue lo que pasó con nuestros familiares, que nos cuenten quién dio la orden de cometer todos estos hechos”.
Además, valoró la actualización sobre el número de ‘falsos positivos’ que hizo la JEP en febrero pasado, y que cifró en 6.402 víctimas entre 2002 y 2008. Esto es tres veces más que lo que reporta la Fiscalía colombiana, que indica que entre 1988 y 2014 hay 2.248 víctimas.
“Es una de las maneras donde probamos que no fueron casos aislados, como se hizo ver en 2008, sino que son casos sistemáticos y reales bajo una política de Estado”, indicó.
Varias integrantes de Mafapo, conformado por 14 madres de Bogotá y el municipio vecino de Soacha, contaron sus historias ante los órganos de paz. Las mujeres también aseguran que el Estado les ha dado la espalda y que la justicia se ha negado a operar, dilatando procesos y «alimentando la impunidad».
«Soy una madre que hoy día llora la falta de un hijo que las fuerzas del Gobierno me arrebataron a mí y que hoy llora sin ser escuchada», dijo Flor Hilda Hernández.
En el evento que se realizó de manera virtual debido la contingencia por el coronavirus, participó la embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm, quien indicó que el “valioso informe que se presenta es fruto de un arduo “trabajo de investigación y participación”.
Storm subrayó que el documento recopila y presenta los hechos “desde la perspectiva de madres, hijas, esposas y demás familiares de las víctimas, identificando los daños e impactos causados, así como las posibles sanciones y acciones reparadoras que esperan en el marco de los procesos judiciales que se adelantan”.
“Confiamos en que este informe contribuirá a fortalecer los procesos de búsqueda, justicia y construcción de memoria alrededor de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, recalcó.
En julio de 2019, la JEP abrió el Caso 3, denominado como ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, a partir del informe No. 5 de la Fiscalía General.
