Protestas en Colombia entran en su tercera semana, líderes advierten que continuarán en las calles

Portal de las Américas en este momento.Cortesía @AlexaRochi_

Por Luis Jaime Acosta y Oliver Griffin 

BOGOTÁ/CALI (Reuters) –Las protestas sociales contra el Gobierno de Colombia entraron el miércoles en su tercera semana, con una huelga nacional convocada por sindicatos, estudiantes y otras organizaciones, tras infructuosos acercamientos del presidente Iván Duque y los líderes de las manifestaciones, que advierten seguirán en las calles.

Las protestas, en rechazo a un plan fiscal del Gobierno para subir los impuestos que después fue retirado, comenzaron el 28 de abril, pero ahora las demandas se ampliaron y exigen un ingreso básico para las familias más pobres, el fin de la violencia policial y mejoras a los sistemas de salud y educación, entre otros.

Duque ofreció un diálogo, pero las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en todo el país continúan, en medio del escepticismo de los líderes de las protestas de que las promesas del Gobierno conduzcan a cambios concretos.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que si bien Duque modificó su posición, en su opinión «faltan las garantías para ejercer el derecho a la negociación» y advirtió que «mientras el Gobierno se manifiesta, va a continuar el paro y las movilizaciones».

Frente a la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas más violentas, se concentraban más de 200 jóvenes con banderas de Colombia, haciendo sonar vuvuzelas y gritando «Resistencia, resistencia».

El desbordamiento de las protestas en algunas ciudades con saqueos, actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la policía dejaban unos 42 civiles muertos, según un conteo de la Defensoría del Pueblo, aún en proceso de verificación.

Pero grupos de derechos humanos locales e internacionales denunciaron que el número puede ser mayor y acusaron a la policía por los asesinatos.

«Pueblo cansado»

Muchos países latinoamericanos, que ya sufren profundas desigualdades, se han visto gravemente afectados por el COVID-19 que ha provocado el retroceso de avances contra la pobreza logrados antes de la pandemia.

«Estamos en la protesta pacífica porque el pueblo ya está cansado, estamos cansados de impuestos sobre impuestos, cada cuatro años el mismo Gobierno», dijo Daniel, de 50 años y quien trabaja en el sector de la construcción. «Llega un momento en que uno se revienta porque no se ven los impuestos, no nos invierten en salud, ni en educación. Ya el pueblo se cansó».

En Bogotá, Duque sostenía una reunión con estudiantes, tras anunciar educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de la población a partir del segundo semestre.

«Son pedidos simples», dijo por su parte Diana Barbosa, 33 años, estudiante de atención a la primera infancia en una universidad pública de Cali, mientras cubría su rostro con una máscara facial y vestía una camiseta blanca de apoyo a la minga indígena.

«Nos vamos a mantener en paro hasta que haya una respuesta positiva por parte del Gobierno que no sea plomo (bala), porque nos han atacado, nos declararon la guerra prácticamente», agregó.

Protestas similares por la desigualdad y el impacto del COVID-19 pueden ocurrir en otros países como Brasil, advirtió Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, aunque ese no es el único problema que aviva el descontento en Colombia.

«Las protestas en Colombia no son solo por el COVID, son sobre la ira hacia Duque por la represión policial desde 2019, no avanzar en el acuerdo de paz de 2016, el aumento de masacres y asesinatos de líderes sociales y la percepción de los colombianos de clase media y trabajadora de que él solo está interesado en hacer avanzar las agendas de las élites económicas y políticas a sus expensas», dijo.

Los bloqueos de las carreteras por parte de los manifestantes en el país de 50 millones de habitantes comenzaron a provocar escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades.

La crisis social e incertidumbre en torno a la situación financiera del país provocó una fuerte depreciación del peso de hasta casi un 7% en su peor momento la semana pasada, así como una desvalorización de la deuda pública y la bolsa.

Incluso, inversores y analistas ven muy probable una pérdida del grado de inversión de la nación por parte de las agencias calificadoras de riesgo si la cuarta economía de América Latina no logra asegurar la reforma fiscal.