Familias de manifestantes asesinados en Colombia sufren larga espera por justicia
María Helena Meneces, madre de Cristhian Hurtado Meneces, quien murió en las protestas contra la brutalidad policial en 2020, crea frente a la fotografía de su hijo en la instalación artística «Vidas Robadas» en Bogotá, Colombia, el 2 de junio de 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez
Por Oliver Griffin
BOGOTÁ, 10 sep (Reuters) – Ha pasado un año desde que Carolina Hurtado se apresuró a ir a la morgue de un hospital en la capital de Colombia para identificar el cuerpo ensangrentado de su hermano mayor, Cristhian, pero aún no tiene respuestas sobre quién lo mató.
El hombre de 27 años fue una de las al menos 13 personas presuntamente asesinadas por la policía en Bogotá y el municipio aledaño de Soacha, según grupos de derechos humanos y familiares, en medio de las protestas que estallaron en septiembre del año pasado después de que dos agentes agredieron y mataron al taxista Javier Ordóñez.
Desde 2019, una serie de manifestaciones contra el impopular Gobierno del presidente Iván Duque ha provocado la muerte de más de 40 civiles, según cifras oficiales, decesos que según las familias de las víctimas, sus abogados y grupos de derechos humanos fueron provocados por el duro accionar de la policía.
Aunque el Ejército tiene un largo historial de abusos de derechos y homicidios ilegítimos durante las seis décadas de conflicto armado interno en Colombia, hasta hace poco se pensaba que las fuerzas policiales urbanas estaban mejor capacitadas y eran más profesionales.
A pesar de las protestas internacionales, incluidas las de Naciones Unidas y la Unión Europea, y las garantías de Duque de que los responsables serán llevados ante la justicia, hasta ahora solo un policía ha sido detenido, bajo arresto domiciliario, por los asesinatos durante las protestas de hace un año.
Ese policía y otros tres están siendo investigados por acusaciones de homicidio, dijo la Fiscalía General de la Nación a Reuters, uno de ellos por dos asesinatos separados.
Los uniformados investigados han sido puestos en funciones administrativas, dijo el jueves el director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, en una publicación de Twitter y aseguró que esperaba que las autoridades detuvieran a más agentes cuando fuera necesario.
Las investigaciones sobre la muerte de otros seis manifestantes, incluido Cristhian, aún se encuentran en una etapa inicial de indagaciones, dijo la Fiscalía General. El organismo no respondió a preguntas sobre si había investigaciones sobre la muerte de las dos víctimas civiles restantes identificadas por grupos de defensa.
Como familias de otras víctimas de esa noche, Carolina y su madre, María Elena, insisten en que Cristhian ni siquiera estuvo involucrado en las protestas.
Su novia les dijo que salió a comprar ingredientes para el desayuno de la mañana siguiente.
«En el caso de mi hermano no se ha podido verificar quién es el responsable y muy probablemente esa persona sigue en la policía y sigue portando el uniforme, aun así, sabiendo que es un asesino», afirmó Hurtado. Su familia y sus abogados dicen que Cristhian murió por una herida de bala en la cabeza.
Un portavoz de la policía aseguró que los agentes condenados por abusos serán castigados con todo el peso de la ley, pero que los fiscales tienen que demostrar su culpabilidad.
La lentitud de las investigaciones es un mal augurio para las familias que buscan respuestas por más asesinatos en las protestas que estallaron en abril de este año por reformas fiscales impopulares, dijeron abogados de los familiares y grupos de derechos humanos.
El gobierno informó que al menos 29 personas murieron durante los dos meses de protestas: Las cifras incluyen a tres policías y varios manifestantes asesinados por civiles, según las autoridades.
No obstante, los grupos de derechos humanos culpan a la policía de muchas más muertes de civiles.
El grupo colombiano de derechos humanos Temblores denunció que la policía es responsable de hasta 44 asesinatos.
Hasta la fecha, solo 16 policías son investigados por homicidio relacionado con las protestas de este año, dijo esa institución armada.
Los agentes investigados suelen tener funciones administrativas.
Investigaciones militares
Los policías acusados enfrentan tanto una investigación interna en procedimientos disciplinarios dentro de la fuerza como, en casos más graves, una investigación criminal por parte de la Fiscalía General o la Justicia Penal Militar (JPM).
La policía está bajo el mando del Ministerio de Defensa, lo que significa que los casos de homicidios cometidos por efectivos de esa fuerza son considerados como actos en el cumplimiento del deber, incluidos los que se produjeron en las protestas, por lo que a menudo son manejados por la justicia militar, en lugar del sistema civil.
Eso, dicen los defensores de derechos humanos y los abogados, contribuye a la impunidad.
Desde 2017, solo 23 casos de asesinatos policiales manejados por la JPM han terminado en condenas, mientras que 355 han sido archivados, informó esa unidad a Reuters.
Además, tiene un retraso considerable. A fines de junio, la JPM tenía 860 investigaciones abiertas sobre homicidios cometidos por policías.
La Fiscalía General aseguró a Reuters que ha abierto 172 procesos relacionadas con asesinatos cometidos por efectivos de la policía desde 2017, lo que dio lugar a 52 investigaciones y ocho condenas. Solo tres casos se archivaron.
Las familias de las víctimas, los defensores de derechos y los abogados dijeron a Reuters que creían que los procedimientos en el tribunal militar son favorables para los policías.
«El sistema de justicia militar carece de independencia y tiene un largo historial de cubrir, en lugar de investigar, los abusos en Colombia», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El director ejecutivo de la JPM, Fabio Espitia, se negó a comentar si el organismo es más indulgente que los fiscales habituales. La oficina de prensa de la JPM no respondió a las preguntas.
Los investigadores policiales internos, mientras tanto, carecen de independencia y autoridad, afirmó Vivanco.
Un portavoz de la Policía Nacional aseguró que los investigadores disciplinarios están bien calificados, pero que el departamento está congestionado debido a la gran cantidad de casos.
Agregó que Vargas está presionando por mejores estándares de derechos humanos este año y que los casos delicados serán manejados por el principal investigador interno de la policía.
Esa institución pedirá el consejo de Naciones Unidas que ayude a fortalecer sus políticas de derechos humanos y a trabajar por una comunicación abierta con las comunidades, dijo el miércoles el nuevo director de derechos humanos de la policía, Luis Alfonso Novoa, en un comunicado después de asumir su cargo.
Manzanas podridas
La ira en Colombia por la violencia policial aumentó desde que el adolescente Dilan Cruz fue asesinado por un proyectil disparado por policías durante una protesta en Bogotá contra supuestas reformas al salario mínimo y a las pensiones en noviembre de 2019.
En septiembre de 2020, un video viral del taxista Ordóñez retorciéndose en el suelo en momentos en que la policía lo golpeaba repetidamente mientras les gritaba que pararan, provocó nuevas manifestaciones.
La policía solo dijo que había violado las reglas de distanciamiento del coronavirus.
El elevado número de muertos en las protestas de este año, que provocaron el retiro impopulares reformas fiscales y la dimisión del ministro de Hacienda, llevó al gobierno a comprometerse a mejorar la formación de la policía en derechos humanos y aumentar la supervisión de los agentes.
El presidente también culpó de la violencia policial a algunas manzanas podridas y dijo que los casos se estaban tratando con prontitud. Citó el ejemplo del patrullero Juan Lloreda, condenado a 20 años de prisión en abril por su participación en la tortura y el asesinato de Ordóñez.
La investigación sobre la participación de otro policía en el asesinato de Ordóñez continúa.
En al menos un caso de muerte de un manifestante en 2021, la familia de la víctima está segura de que las pruebas de bala y video han ayudado a que la investigación avance más rápidamente.
Un oficial de policía fue acusado rápidamente por la Fiscalía General por el asesinato de Santiago Murillo, de 19 años, quien se vio envuelto en una manifestación mientras caminaba hacia su vivienda desde la casa de su novia en la ciudad central de Ibagué.
El video de su tiroteo se compartió ampliamente en las redes sociales.
«A mí se me derrumbó el mundo porque era mi único hijo», dijo su madre, Milena Meneses.
