Tras fallo de la Corte Constitucional se aleja erradicación con glifosato

Erradicación con glifosato, Foto cortesía Policía Nacional

BOGOTA, 19 enero,2022_RAM_ La Corte Constitucional, al fallar una acción de tutela presentada por organizaciones sociales y étnicas, dictaminó que solo podrán reanudarse las fumigaciones aéreas con glifosato sobre narcocultivos si la consulta previa obligatoria con las comunidades del área en donde se realizarán las aspersiones, así lo permite.

De tal modo, cualquier acción en esa dirección quedó sujeta a que se realicen previamente las consultas en 104 municipios de 14 departamentos en donde es más evidente el fenómeno de los cultivos ilícitos.

Así las cosas, el protocolo ambiental que había adelantado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y los procedimientos de la Policía Nacional para llevar a cabo las aspersiones aéreas con el herbicida, quedaron en suspenso.

Como se sabe, las consultas previas son procedimientos constitucionales que, sin embargo, suelen llevarse un buen periodo de tiempo para su realización, tras un largo proceso de negociación con las comunidades correspondientes. Mucho más, en este sentido, si se entiende que para reiniciar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con glifosato habría que consultar con múltiples comunidades.

En ese orden de ideas, la intención del Gobierno de fumigar desde el aire algunos sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola tiene esa nueva premisa dictaminada por la Corte Constitucional de que deberá recurrirse a ese proceso de consultas previa con las comunidades de las áreas circundantes a los cultivos ilegales.

De esta manera, el Consejo Nacional de Estupefacientes no podrá dar curso a la fumigación si no se cumplen los nuevos requisitos.

Bajo esa perspectiva este Gobierno no logrará cumplir su propuesta de reiniciar las fumigaciones en ciertos lugares periféricos. En efecto, la aspersión aérea con glifosato había sido suspendida en 2016 por el gobierno de entonces, luego de que una agencia de salud adscrita a la OMS dijera que este químico podría tener efectos potencialmente cancerígenos.

Luego, en 2017, la Corte emitió un fallo al respecto y reiteró la prohibición.

Al llegar el gobierno Duque este le pidió al alto tribunal que precisara su fallo de 2017 sobre el no uso de glifosato. En febrero de 2020 la Sala Plena de la Corte precisó, como lo había señalado la sentencia T-236 de 2017, que el Consejo Nacional de Estupefacientes debería definir la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, previo cumplimiento de los condicionamientos del referido fallo, teniendo en cuenta toda la evidencia científica y técnica disponible sobre la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente así como las opciones que ofrecen los instrumentos de política pública para la solución al problema de las drogas ilícitas.

Bajo esa tesis, el Gobierno decidió proceder a establecer un nuevo protocolo para las fumigaciones aéreas, ajustado a los condicionamientos de la Corte. Este fue dado a conocer el año pasado pero el Consejo Nacional de Estupefacientes no lo había autorizado.

Dicho plan, expedido por la ANLA, no fue consultado con las comunidades étnicas ya que el Ministerio de Interior certificó que no había tales en las áreas en donde se realizarían las aspersiones aéreas con el químico.

Ese certificado del Ministerio fue el que tumbó la Corte, dando razón a los tutelantes en torno a que sí había comunidades étnicas e indicando que cualquier operación de aspersión de narcocultivos debe ser consultada previamente con ellas.

En ese sentido, no se sabe en este momento si el Gobierno procederá organizar esas consultas o si más bien reforzará otras estrategias para acabar con los cocales, como la erradicación terrestre forzada o la concertada con los campesinos. Igualmente, no hay que olvidar que el glifosato sí se puede utilizar pero en la erradicación manual y directa sobre la planta.

Hace dos semanas, el presidente Duque y el Ministro de Defensa fijaron las metas antidroga para este año, señalando que se busca erradicar no menos de 100 mil hectáreas en 2022.

El objetivo para 2021 era de 130 mil hectáreas pero no se alcanzó. Como se sabe, mientras que el informe de la ONU señaló que, al cierre de 2020, hubo una disminución de los sembradíos ilegales del 7%, cayendo a 143 mil hectáreas, el reporte de la Casa Blanca indicó todo lo contrario y tasó la extensión en 245 mil.