La Corte Constitucional reafirma su autonomía e independencia

Corte constitucional

BOGOTA, 03 marzo de 2022_RAM_ En una declaración pública la Corte Constitucional reafirmó su condición de órgano autónomo e independiente y recordó que encargado de la supremacía  e integridad de la Constitución Política de Colombia toda decisión que se tome es legítima.

“La Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por tales disposiciones, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad” señala la declaración.

Además, el Tribunal Constitucional señaló que personalizar cualquiera de las funciones del poder público o desatacar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho.

“En consecuencia, la Corte exhorta a todas las autoridades como a los particulares a acatar las decisiones judiciales, entre ellas, las que ésta profiere y a garantizar su ejecución o cumplimiento, sin que ello implique afectar las libertades, garantías y derechos fundamentales que la Corte está en la obligación de proteger y tutelar” se lee en el comunicado.

Este comunicado del Alto Tribunal, sale después de un fallo histórico como lo es  la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, el cual ha sido tanto celebrado como cuestionado por diversos sectores de la sociedad.

Declaración pública

La Constitución Política de 1991 le confió a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, para lo cual ejerce, entre otras, las funciones de control judicial sobre la actividad legislativa que cumple en los precisos términos previstos en los artículos 241 a 244 de la misma Constitución con miras a garantizar el respeto y efectividad del orden constitucional y en general del Estado Social y Democrático de Derecho.

La Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad.

Los fallos que la Corte dicta en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos frente a todos, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades como para los particulares.

En tal virtud, personalizar cualquiera de las funciones del poder público o del Estado, es contraria a los elementos básicos del sistema democrático. Minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 y no repara en que las demás ramas del poder público pueden seguir igual suerte. Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho.

En consecuencia, la Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y a garantizar su ejecución o cumplimiento. Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública.