Madres de víctimas de «falsos positivos» en Colombia vuelven a alzar su voz

Víctimas e integrantes del colectivo Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) participan en la audiencia celebrada por la Comisión de la Verdad sobre las ejecuciones extraoficiales de civiles hoy, en Soacha (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Soacha (Colombia), 10 may (EFE).- Madres y familiares de jóvenes víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como «falsos positivos» mantuvieron este martes un cara a cara público con exmilitares, a los que pidieron, además de reconocer su responsabilidad en los crímenes, que ayuden a limpiar el nombre de sus hijos.

El encuentro se produjo en la plaza del municipio de Soacha, la misma en la que en 1989 fue asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, en una población aledaña a Bogotá de la cual salieron 14 jóvenes que luego fueron asesinados por el Ejército colombiano y presentados como guerrilleros muertos en combate en varias regiones de Norte de Santander.

Una verdad necesaria

Víctimas y victimarios se reunieron a instancias de la Comisión de la Verdad en una carpa blanca, en la que se veían las fotografías de los muchachos que salieron de esta parte del país engañados con falsas promesas de trabajo.

«Con él mataron a mi mamá, se acabó una familia, con él también se fue mi esposo», dijo con voz fuerte Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexander Arenas, cuyo cuerpo apareció en febrero de 2008 en Ocaña, población del departamento de Norte de Santander.

Ataviadas con camisetas blancas estampadas con fotos de sus seres queridos, varias mujeres, que integran la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), escucharon las confesiones de exmilitares, como la del general retirado del Ejército Paulino Coronado, quien dijo que «aquí perdió Colombia entera, perdió la confianza en el Ejército».

«Tenemos que admitir que esto ocurrió (los falsos positivos), así algunos quieran enmascarar la verdad, pero esa verdad es necesaria para corregir el rumbo. Debemos admitir que nos equivocamos como institución. No debemos callarnos y debe primar la vida», dijo el exmilitar de más alto rango que ha admitido su responsabilidad en estos crímenes no solo en la Comisión de la Verdad, sino en la Justicia Especial para la paz (JEP), dos instancias que abordan los casos del conflicto armado interno.

En la mayoría de los casos de los «falsos positivos» las víctimas eran jóvenes de bajos recursos reclutados con falsas promesas de empleo, muchos de ellos en la localidad de Soacha, desde donde eran llevados con engaños a Ocaña, donde se les asesinaba para engordar las cifras de bajas guerrilleras y conseguir recompensas y ascensos a cambio.

Al «Encuentro por la Verdad: Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha» también asistió Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez, quien aseguró que ya superó la etapa de los odios y avanza para sanar las heridas.

«Yo, la primera vez que fui a una audiencia, quería matarlos (a militares y reclutadores). Quería matarlos porque me habían quitado a uno de mis seres queridos, a mi hijo adorado. Hoy no, hoy puedo hablar con ellos», expresó.

Para el perdón

Mientras sostenía una planta que luego entregó a una de las madres, el teniente coronel retirado del Ejército Gabriel Rincón Amado aseguró que estaban en la audiencia para reconocer su responsabilidad en los hechos.

«Estamos aquí (…) para dignificar el buen nombre de estos jóvenes que fueron asesinados a manos de la extinta Brigada Móvil 15 y del Batallón Santander», dijo Rincón, que entonces era comandante de la Brigada 15 del Ejército, en Norte de Santander.

Rincón agregó: «Con estas flores queremos decirles que así como esta planta surge frente a los embates del clima (…) para mostrarse ante el mundo con unos ojos bonitos, así han sido cada una de ustedes frente a la lucha que han tenido estos 14 años para demostrar que sus hijos y sus familiares no eran, ni fueron, ni pertenecieron a ningún grupo criminal».

Lo que dirá la comisión de la verdad

Otro de los que llevó la voz en el encuentro fue el comisionado Alejandro Valencia, quien aseguró que «hacer estas admisiones en esta plaza pública no solo es inusual, sino que es un acto muy audaz», al referirse a los exmilitares que han reconocido su participación en los crímenes.

Este comisionado adelantó que el informe final que entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio en Bogotá dirá que los «falsos positivos» de Soacha, cometidos principalmente entre 2002 y 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe, fueron parte de una política de Gobierno.

«Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación entre 2002 y 2008 se cometieron como parte de una política de Gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad», explicó el comisionado.

Por las denuncias de Mafapo a partir de 2008, y otras que se conocieron posteriormente, la JEP ha encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría de ellas entre 2002 y 2008. EFE