Bogotá, 14 jun (EFE).- La Fiscalía colombiana imputó a doce policías y a cinco civiles involucrados supuestamente en acciones ilegales contra un grupo de personas que estaban en una manifestación en Cali el 28 de mayo de 2021, durante el estallido social, informó este martes la entidad.

La directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Deicy Jaramillo Rivera, dijo en una declaración que por los delitos «de tortura agravada y privación injusta de la libertad» fueron imputados los policías Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plaza y Alexis Mosquera Mena.

«Esto, con relación a la aprehensión de varios jóvenes, y el traslado y graves agresiones que, supuestamente, le propinaron a un estudiante de música en la estación de policía de La María», de Cali, dijo la funcionaria.

Explicó también que les fue imputado el delito de «prevaricato por omisión» al mayor Mauricio Gómez Velandia, al teniente Aurelio Guevara Machuca, y también a los policías José Fernando León Agudelo, Christian Eulises Chilito Muñoz, Jhony Andrés Cuspian, patrullero Eder Javier Sinuco Osorio, al igual que al patrulleros José Ricardo Guzmán y Ariel Augusto Nossa Barrera.

«El material de prueba da cuenta de que, presuntamente, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran a los manifestantes», dijo la funcionaria.

LOS CIVILES

Al referirse a la imputación a los civiles Jaramillo dijo que fue imputado Andrés Escobar, que supuestamente disparó contra manifestantes durante las violentas protestas de mayo de 2021.

En ese sentido, la Fiscalía imputó los delitos de «usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos» a Rafael Andrés Escobar González.

Escobar fue captado en cámara el pasado 28 de mayo sosteniendo un arma, según él, traumática que accionó en contra de los manifestantes que protestaban por el mal manejo que le ha dado el Gobierno al país.

Las acusaciones también fueron para Diego León Quiroz Arroyave, Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García.

Adicionalmente, a Escobar «se le formuló el cargo de amenazas agravado por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudadanía», detalló Jaramillo.

En mayo de 2021 hubo un ataque en Cali contra la minga (protesta) indígena que fue atribuido a civiles armados que dispararon «en presencia y con aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional» y lesionaron a la defensora de derechos humanos Daniela Soto y otras 10 personas, según denunció entonces Amnistía Internacional (AI).

Cali, una de las ciudades más impactadas por la violencia, el desempleo juvenil y los efectos económicos de la covid-19, fue donde más homicidios se registraron durante las protestas, que dejaron en todo el país 79 muertes, según organizaciones sociales que atribuyen 44 al accionar de la fuerza pública, mientras que la Fiscalía solo documentó una veintena. EFE