La JEP investigará un abanico de crímenes cometidos por las FARC
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes en rueda de prensa, anunció este viernes que abrirá un nuevo macrocaso que investigará e imputará a los responsables de casos de violencia sexual y otros crímenes de género en el marco del conflicto armado colombiano. EFE/ Carlos Ortega
Bogotá, 15 jul (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este viernes la apertura formal del Macrocaso 10, que investigará un abanico de graves crímenes cometidos por la extinta guerrilla de las FARC durante el conflicto armado en Colombia.
Se trata, según señaló el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, del «caso de mayor cobertura» que hasta el momento tiene entre sus manos esta instancia creada por el acuerdo de paz, ya que se estudiarán un total de 169.400 hechos victimizantes por lo que «comprende miles de víctimas».
Casi 50.000 homicidios
Entre otros hechos, la JEP estudiará «varios delitos; por ejemplo, de homicidio y del uso de medios y métodos ilícitos de guerra», precisó la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, al leer el comunicado.
De esa forma, el universo del caso incluye 54.000 víctimas de desplazamiento forzado; 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra -como ataques a bienes protegidos o usos de minas antipersonales-; 48.000 víctimas de homicidio; 15.000 víctimas de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual.
«En este macrocaso 10, en relación con otros crímenes de las FARC, se advierte una alta tasa de impunidad (…) Aquí partimos de una alta impunidad y la respuesta de la justicia va a ser necesaria y oportuna para las víctimas», aseguró el magistrado Cifuentes.
Al cometer estos delitos, según la línea de investigación de la JEP, las FARC usaron un patrón de «ejercicio del control social y territorial» en el que cometieron «asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos, desaparición forzada y violencia sexual en contra de personas que las Farc-EP catalogaron como ‘enemigo'».
Pero también investigará otros patrones como los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos al desarrollar hostilidades y enfrentamientos o los cometidos por las redes urbanas de las FARC, como homicidios cometidos por sicarios o atentados con explosivos en ciudades.
Imputaciones a las FARC
Se trata de un abanico de crímenes que quedaron fuera de las otras siete investigaciones, es decir, que no fueron priorizados en los casos territoriales (02, 04 y 05) ni en el de secuestro (el 01) ni en el reclutamiento forzado de niños y niñas (el 07).
Las FARC ya son objeto de acusaciones en esos procesos y la JEP ha emitido imputaciones contra la última cúpula de la guerrilla en el caso 01, por secuestros y delitos de lesa humanidad relacionados en estas prácticas, tales como torturas, homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual.
Se trata del caso más avanzado contra la antigua guerrilla por el cual los últimos responsables de las FARC han reconocido estos crímenes imputados y están en proceso de que la JEP estime oportuno el reconocimiento y el aporte de verdad.
De así considerarlo, los imputados se enfrentarían a penas restaurativas con las víctimas, que aún no han sido acordadas, pero no conllevarían su restricción de libertad en una prisión.
Un caso para la violencia sexual
La JEP ya había anunciado el 18 de febrero la apertura de tres nuevos macrocasos desde que abrió los siete primeros en 2019 y entre ellos se encontraba este contra las extintas FARC.
Los otros dos, que aún no han sido abiertos oficialmente, investigarán los crímenes cometidos por la «fuerza pública en asocio con otros grupos», como los paramilitares, y el caso 09 será sobre «crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos».
Además, Cifuentes anunció hoy también que se abrirá próximamente el macrocaso 11, que tratará sobre «la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de las víctimas en el marco y con motivo del conflicto armado».
Este último es una petición que han hecho las organizaciones de mujeres desde hace mucho tiempo y que, a pesar de que la JEP ya estudia violencia sexual en otros casos, no había un único para este tema por lo cual las denunciantes consideran que hay una «impunidad histórica» en los delitos de género.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia celebró la apertura de este caso que consideró «un paso transcendental para el reconocimiento de sus derechos y la lucha contra la impunidad».
También mostraron su agradecimiento organizaciones feministas como Sisma Mujer o Women’s Link y LGTBI como Colombia Diversa que ya habían entregado informes documentando estos crímenes a la JEP y quienes en un comunicado conjunto consideraron «una respuesta adecuada para la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBT que han sido violentadas».
La JEP, que trabaja de la mano con las víctimas, emite imputaciones a actores grupales y máximos responsables de delitos colectivos que si aportan verdad y reconocen los crímenes se someten a sanciones propias que no incluyen la privación de libertad, pero que si no los reconocen se enfrentan a un proceso judicial que incluye penas de hasta 20 años de prisión. EFE
