Militares colombianos dicen que daban «cara de legalidad» a falsos positivos

El cabo tercero (r) y antiguo comandante de escuadra, Elkin Rojas, reconoció su responsabilidad en tres hechos y cuatro víctimas. «Fueron delitos graves, crímenes cometidos en gran parte en contra de la población civil. Por esto siento vergüenza, pena», dijo en la audiencia

.Valledupar (César), 19 jul (EFE).- Militares, algunos de alta graduación y que pertenecieron al Batallón La Popa, reconocieron públicamente este martes y frente a familiares de las víctimas que ordenaron a subalternos asesinar a campesinos e indígenas del norte de Colombia a los que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate en complicidad con grupos de autodefensas.

«En el teatro de operaciones se hacían cosas totalmente distintas a las que figuraban en los papeles de las operaciones. A todos estos asesinatos obviamente se les daba la cara de legalidad», dijo el mayor retirado del Ejército Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fue jefe de operaciones del Batallón La Popa.

El reconocimiento de esas actuaciones lo hizo Gutiérrez en el segundo día de una audiencia realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia en Valledupar (norte).

A esa diligencia asistieron Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Gómez Coronel.

Ellos fueron señalados por la JEP por el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Gutiérrez reconoció y pidió perdón por haber reportado y presentado 16 bajas en combate, que en Colombia se conocen como «falsos positivos» y eran premiadas con ascensos y permisos en el Ejército.

«Acepto mi responsabilidad por esas muertes, en ese entonces, como jefe de operaciones y bajo las instrucciones de (los coroneles) Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa. Reconozco mi responsabilidad. Yo di nombres de personas que luego se convirtieron en ‘falsos positivos'», expresó.

Concluyó que el Batallón La Popa de la época «les falló».

«No cumplimos con nuestra misión de salvaguardar la vida, honra y bienes. Tengan la certeza de que estos asesinatos jamás se volverán a presentar. El dolor causado a todas estas familias no tiene perdón», añadió.

Dio la orden de asesinar

Por su lado, Eduart Gustavo Álvarez, que fue comandante del grupo «Zarpazo» del Batallón La Popa, reconoció que dio la orden para que subalternos suyos asesinaran a civiles.

Incluso reconoció que destruyó documentos de identidad de personas asesinadas con el fin de entorpecer las labores de las autoridades para que no pudieran establecer sus nombres.

Los pelotones, dijo Álvarez, «se volvieron una máquina de guerra y luego una maquinaria de muerte» al reconocer que bajo su comandancia fueron asesinadas 16 personas presentadas como bajas en combate.

Narró cómo en alianza con paramilitares de la zona asesinaron a Uriel Evangelista Arias: «Le di la orden al soldado de asesinarlo. No fue una situación de combate».

Justo en ese momento se escuchó la voz de la esposa de Evangelista Arias: «Yo soy la señora de él, usted me lo arrebató, quiero que me diga si mató un guerrillero o un hombre bueno, quiero que diga que él no era un guerrillero».

«Como comandante del grupo Zarpazo no asesiné a sus familiares pero soy el responsable de haberlos hecho pasar como guerrilleros», explicó Álvarez.

El pueblo Kankuamo levanta la voz

Mientras tanto, Lauro Maestre, indígena kankuamo, lamentó que el Ejército torciera su rumbo y en vez de proteger la población ayudó a asesinar campesinos e indígenas como fue el caso de su hermano, Víctor Hugo, asesinado el 4 de octubre de 2004 en el caserío Atánquez, que hace parte de Valledupar, capital del Cesar.

Con voz entrecortada recordó que su familia fue víctima de los paramilitares que asesinaron a un cuñado y luego llegó el Ejército y los señaló de «colaboradores de los paramilitares».

Maestre detalló que la familia decidió presentar a las autoridades a sus hermanos para que si tenía problemas con la ley los arreglara y si tenía responsabilidad en algo lo llevaran a la justicia, pero eso no resultó así.

«El día de la muerte de mi hermano fue el domingo octubre 3 del 2004, a él se le hace la desaparición. Entraron supuestamente un grupo al margen de la ley y se lo llevó, es lamentable que estas personas, el Ejército, que supuestamente garantizan el cuidado de los colombianos, se prestaran para este hecho», narró.

Y pidió que «se aclare que él no pertenecía a ningún grupo ni era miliciano».

«No merezco perdón»

Por su lado, el soldado retirado Alex José Mercado reconoció que asesinó a varias personas, entre ellas Carlos Carmona, José Mendoza y Evangelista Arias.

«No les pido perdón (a los familiares de las víctimas) porque no lo merezco, que me perdone Dios», dijo Mercado en medio de lágrimas.

Recordó que cuando cometió esos crímenes tenía 19 años pero que él sabía que iba a pasar cuando reclutaban a muchachos humildes principalmente en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, para luego llevarlos a otro lugar en donde eran asesinados.

Acepto mi responsabilidad por haber asesinado a ocho personas en estado de indefensión, también acepto mi responsabilidad por ser partícipe del reclutamiento», contó el soldado que hizo parte del grupo Zarpazo, del Batallón La Popa. EFE