Respuesta militar no ha frenado expansión de grupos armados en Colombia: ONU

Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero

Bogotá, 26 jul (EFE).- La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar «no ha logrado frenar» la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en «un incremento progresivo de los homicidios».

Así lo aseguró la diplomática este martes durante la presentación del «Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno», que fue entregado a la actual Administración, así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.

«En los dos últimos años la Oficina ha observado cómo diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia y han afectado de forma creciente a la población y sus derechos», y «a pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatirlos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan», indicó.

Esto se suma, dijo, a la «debilidad del Estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia, que han exacerbado la grave situación de derechos humanos», mientras las comunidades denuncian abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades civiles para enfrentar la situación.

Estos grupos armados no estatales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños y adolescentes.

Aumento de los homicidios

Entre 2016 y 2021, esa agencia de la ONU verificó 562 casos de asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia. «Desde 2016 a la fecha el incremento de homicidios ha sido progresivo», añadió De Rivero.

Este año, entre enero y junio, han recibido 114 denuncias de esos homicidios, de las que ha verificado 22 casos y otros 67 casos se encuentran en proceso de verificación.

«Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia», explicó la representante.

Además, De Rivero mostró «preocupación» por el aumento de un 200 % en el número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.

El informe recoge testimonios de algunos de los pueblos y territorios más afectados por el incremento de la violencia, entre ellos la situación que viven las comunidades indígenas awá, barí, embera, jiw y nasa, así como las zonas fronterizas como o Arauca, el Catatumbo y Putumayo, donde los grupos armados intimidan a los líderes sociales, ejerciendo violencia contra ellos y sus comunidades.

Recomendaciones

Teniendo en cuenta esta situación, el informe concluye que «es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas», ya que el enfoque hasta el momento utilizado «ha mostrado sus limitaciones», en palabras De Rivero.

A esto se suma la falta de implementación de aspectos claves del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC, se recoge en el informe de la ONU.

«El éxito del Estado debe medirse en una disminución sustantiva de las afectaciones de derechos humanos y no en términos de número de bajas o capturas infligidas a los grupos armados no estatales y a las organizaciones criminales», alertó la representante.

De Rivero aseguró además que la Oficina de la ONU ha identificado 156 municipios colombianos que presentan niveles críticos del impacto de la violencia.

En este contexto, se recomiendan tres ejes principales de acción para el nuevo Gobierno: reducir de forma significativa y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales; priorizar la implementación territorial del acuerdo de paz, y consolidar el Estado de Derecho en las zonas más afectadas por la violencia lo que debe ir acompañado de un refuerzo de las capacidades de los gobiernos locales.

Esto debe ir de la mano de «abandonar la noción de enemigo interno y la estigmatización de comunidades y pueblos que viven bajo la presencia de grupos armados no estatales».

«Creemos que Colombia tiene las herramientas para cambiar esta situación y ofrecemos nuestra cooperación y apoyo para lograrlo», concluyó De Rivero. EFE