Alertan de impactos socioambientales por incumplimiento de delimitación de páramos
RCN Radio
Bogotá, 22 octubre,2022_RAM_ La Procuraduría General de la Nación envió un aviso de alerta por el incumplimiento de las sentencias judiciales, en donde se ordena la delimitación de los páramos.
Esta falta de delimitación ha dado espacio al aumento a la minería ilegal, la grave contaminación con mercurio a las fuentes hídricas (como el río Suratá en Santander) y pone en riesgo el derecho humano al agua potable.
Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado pasa Asuntos Ambientales y Agrarios, en el marco del foro ‘Gobernanza del agua’, informó que es deber del estado ejercer las acciones requeridas para la protección de los ecosistemas y dar el cumplimiento a las sentencias que ordenan la delimitación de los páramos, como lo es el Páramo de Santurbán, Páramo de Sumapaz, Páramo de Cruz Verde, Paramo de Pisba, Páramo del Almorzadero
Páramos que abastecen de agua potable a más de cinco millones de habitantes de más de 104 municipios del país, incluyendo 16 ciudades capitales.
«En estos fallos hay órdenes concretas en donde el Estado colombiano no puede seguir siendo objeto de dilación», afirmó el delegado, que a su vez informó que la alerta se generó luego de que el Ministerio de Ambiente notificara que los espacios de participación de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero serían reprogramados. Esto significa un nuevo retraso en la delimitación de los ecosistemas.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Ambiente que dé cumplimiento a las órdenes judiciales relacionadas con la delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba, Almorzadero, Sumapaz, y Cruz Verde.
Mediante un comunicado, la Procuraduría afirma que ha realizado diversas actuaciones preventivas y que conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, han presentado 14 informes del cumplimiento de la sentencia T-361 de 2017, poniendo en conocimiento con el Tribunal encargado, las diversas dificultades que ha tenido el proceso.
También se anunció que enviarán un informe a la Corte Constitucional para que intervenga y adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de las decisiones judiciales referidas.