Los campesinos no comen tierra
Juan Manuel Ospina
Nadie medianamente sensato puede desconocer que sin acceso a la tierra el campesino como productor, sencillamente no existe. Alejados de un populismo campesinista que es recurrente en Colombia, debemos enfatizar en que con la sola tierra el mejoramiento de sus condiciones de vida y el pleno reconocimiento de sus derechos constitucionales, no avanza ni un metro, pues, exagerando el punto para enfatizar, el campesino no come tierra. Esto quiere decir, y pienso que es el espíritu de la reforma rural integral incorporada a los Acuerdos de La Habana, que es el telón de fondo de los planteamientos confusos, que al respecto ha hecho el gobierno – Presidente y Ministra, cada uno por su lado -. En primer lugar, que el tema de la tierra no se debe abordar aisladamente, en solitario, como si su redistribución fuera una tarea a realizar a la vez y sin distingos en el conjunto de la Colombia rural, al asumirse que esta, por donde se le mire, es una realidad uniforme, homogénea.
Hay dos ejes, dos elementos centrales en los Acuerdos que el gobierno, en su afán por ofrecer y mostrar acción, parece olvidar o subestimar. De una parte, en ellos se establece que el propósito es adelantar una política de desarrollo rural integral, más allá del desgastado concepto de reforma agraria, limitado fundamentalmente a un simple reparto de la tierra; la del Acuerdo es una estrategia para adelantar una tal política, que más allá de modificar la tenencia de la tierra, lo haga además respecto a las condiciones para la producción económica y para la vida en esos territorios. Su objetivo, es establecer una nueva ruralidad eficiente y sostenible en términos de producción, a la par que generadora de una vida digna para la familia y la comunidad campesina.
De otra parte, define una política territorializada, con la acción y la inversión pública focalizada en territorios acotados, definidos en términos de sus usos y de su propiedad, para lo cual el Catastro Multipropósito, nacido de los Acuerdos, es un instrumento de primer orden. Son territorios con comunidades y productores definidos, activos en el análisis de los problemas y tareas a desarrollar en él, sobre todo en lo referente a cómo se integraría su actividad productiva, tanto la realizada en el trabajo de la tierra, es decir, la predial, como la complementaria o extrapredial, que apoya la producción directa de la tierra con procesos de pos cosecha y de agregación de valor al producto primario, de servicios de apoyo a la producción y a su transformación/comercialización, de crédito y financiación, de infraestructura en vías, energía y agua…, así como de impulso a la calidad de vida de los pobladores y productores rurales, en términos de salud y educación, de servicios públicos y actividades recreativas, de expresión cultural, de participación comunitaria y de justicia comunitaria. En ese contexto territorializado, y con un diagnóstico y plan de desarrollo integral y focalizado, se podrá definir de manera precisa cuánta tierra debe ser repartida y cuál su procedencia. El necesario componente de reforma agraria debe definirse y ejecutarse en el marco y en consonancia con las características y requerimientos del correspondiente programa de reforma y desarrollo rural territorializado, concreto, transformador de la realidad rural por comprehensivo y realista, construido a partir de análisis, discusiones y acuerdos específicos, pero realizables, no simples señales de humo, que nada transforman y mucho frustran.
De lo anterior no se habla. Como en una feria de tierras, vuelan las cifras en millones de hectáreas y de pesos, sin tener claro dónde están las unas y los otros. Solo se sabe que serían para campesinos sin tierra, una afirmación tan vaga como la realidad de las tierras que serían supuestamente para ellos.
