Altas cortes retoman procesos clave tras final de vacancia judicial

Corte constitucional

Bogotá, 09 enero de 2023_RAM_Este martes 10 finaliza la vacancia judicial y con ello las altas cortes se reincorporan a la actividad retomando los casos en que vienen trabajando desde el año anterior y otros que están en carpeta esperando trámite. Hay algunos que concitan mayor interés, como la demanda ante la Corte Constitucional a la reforma tributaria, así como a la llamada Ley de Paz, que acaba de lograr aprobar el Gobierno.

En la Corte Constitucional también está pendiente el fallo sobre la demanda a la Ley 2094 de 2021, norma que impulsó la procuradora Margarita Cabello para adecuar las facultades de la entidad a su cargo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2020 le dio la razón a una acción que presentó el por entonces senador Gustavo Petro por la destitución de su cargo como alcalde de Bogotá.

Algunos ciudadanos presentaron la demanda de inconstitucionalidad argumentando que esta ley no satisface el requerimiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia de adecuar su normatividad, en el sentido de que los funcionarios de elección popular puedan ser sancionados por jueces de la República y no por la Procuraduría General de la Nación, como ha venido ocurriendo en las últimas tres décadas.

Este caso tiene en la Corte el término suspendido, considerando las demoras que se han presentado porque la Procuraduría no ha enviado el concepto que le corresponde en toda demanda de inconstitucionalidad, pues la procuradora Cabello y el viceprocurador manifestaron impedimentos para pronunciarse al respecto.

También está pendiente de fallo en la Corte Constitucional una demanda que causa gran interés en los usuarios de internet, pues ataca la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), la cual establece que los prestadores de este servicio podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo. Ello en la práctica ha dado lugar a ofertas de tarifa diferenciada.

Los demandantes señalan que el aparte del artículo cuestionado vulnera la libertad de expresión, el pluralismo informativo, el derecho a la intimidad y el habeas data de los usuarios de internet.

Una de las leyes más demandadas ante la Corte Constitucional es la  2272 de 2022, también conocida como Ley de Paz, que reformó la Ley 418 o de orden público, con la cual el Gobierno Nacional se habilitó para dialogar con todos los grupos armados al margen de la ley buscando que se desactiven.

Una de las acciones contra la Ley 2272 de 2022 busca tumbar el artículo por medio del cual el Gobierno puede designar jóvenes como voceros de paz para trabajar frente a la conflictividad social en diferentes regiones.

Hasta el momento la administración Petro ha designado para ello a jóvenes que fueron privados de la libertad por delitos en las protestas del año anterior, lo que ha implicado que varios de ellos salgan de prisión, aunque los procesos judiciales en su contra persisten.

Sin embargo, los demandantes estiman que con esta norma se está violando la separación de poderes, teniendo en cuenta que sobre estas personas hay órdenes de captura emitidas por la Rama Judicial, tras una investigación previa de la Fiscalía.

La mayoría de estas demandas contra la Ley de Paz han sido impetradas por parlamentarios del opositor Partido Centro Democrático, como es el caso de una que radicó el representante José Jaime Uscátegui, aduciendo que esta reforma pasó por alto pedir un concepto del Consejo Superior de Política Criminal.

En tanto que las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín presentaron una demanda contra esta ley porque a su juicio no tiene en cuenta a las víctimas.

Consejo de Estado

Apenas comenzando este año fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda contra la elección de Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte Constitucional, el pasado 18 de octubre por parte de la plenaria del Senado de la República.

El accionante alega irregularidades en el trámite pues se realizaron dos votaciones, una primera que no se tuvo en cuenta porque apareció un voto de más, y luego la que finalmente dio el triunfo a Cortés sobre los otros dos integrantes de la terna.

Pero el demandante sostiene que la nueva votación no se debió realizar en la misma sesión sino al día siguiente, y para ello convocar a la plenaria.

El presidente del Senado, Roy Barreras, explicó sobre lo ocurrido que “el senador Gustavo Moreno votó, pero no había sido registrado. Por eso fue el voto noventa y tres. Sin embargo, ya se destruyeron los tarjetones y ya se ordenó repetir. Así que, esta vez, cada senador votará cuando le llamen y no antes de que le llamen”.

También se han presentado ante el Consejo de Estado varias demandas contra nombramientos que ha hecho el Gobierno Nacional, algunas de las cuales han sido admitidas y otras inadmitidas, como en este último caso la que se radicó contra la designación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En tanto que entre las acciones admitidas por el Consejo de Estado está la demanda contra la designación que hizo el presidente Petro de Danilo Rueda como alto comisionado para la Paz.

Según los demandantes, el mismo día de la posesión de Gustavo Petro como presidente se hizo la designación de este funcionario, “sin que se hubiera instalado en debida forma el órgano legislativo”.

Así mismo el Consejo de Estado está pendiente de pronunciarse frente a una demanda por la elección que hizo el Congreso de Álvaro Hernán Prada como magistrado del Consejo Nacional Electoral.

El accionante pide suspender la elección de Prada mientras se resuelve su situación judicial, pues fue llamado a juicio por la Corte Suprema al considerar que podría ser cómplice de manipulación de testigos en el mismo caso en que investiga la Fiscalía al expresidente Álvaro Uribe.

Aunque en el caso de Uribe, la Fiscalía presentó a la jueza solicitud de archivar al no encontrar pruebas de que haya participado en el presunto soborno a testigos.

Corte Suprema

El alto tribunal está pendiente de emitir un fallo, como se dijo anteriormente, en la investigación al magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, al decidir mantener la competencia no obstante que éste renunció al anterior Congreso.

También, a pesar de que Aníbal Gaviria se reincorporó al cargo de gobernador de Antioquia a finales de septiembre del año pasado, tras seis meses con detención domiciliaria, sigue el proceso en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato para las obras de pavimentación y mantenimiento de un sector de la Troncal La Paz entre 2004 y 2007, cuando fue mandatario del departamento por primera vez.

La medida de aseguramiento de Gaviria fue impuesta el 5 de junio de 2020 por la Fiscalía General; sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín, el 16 de octubre de 2020, aceptó el recurso de habeas corpus presentado en ese entonces, permitiéndole recuperar su libertad.