«Recrudecimiento de violencia en inicio de calendario electoral»
Bogotá, 25 febrero 2023_RAM_En este informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte a 31 de enero de 2023, se analiza la violencia política ocurrida en el país en dos periodos de tiempo. Inicialmente, los primeros tres meses del calendario electoral para las elecciones locales de 2023, que arrancó el pasado 29 de octubre con los procesos de inscripción de cédulas y grupos significativos de ciudadanos.
Se señala cómo, en comparación con las anteriores elecciones locales, con el inicio del calendario electoral para los comicios locales de 2023 ya se empieza a evidenciar un recrudecimiento de la violencia pues, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de enero de 2023 se registraron un total de 128 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, siendo Santander, Cauca, Bogotá D.C., Antioquia y Nariño los territorios más afectados. Dicho total representa un incremento de 93.3 % en comparación con 2019, en que se registraron 66.
En segundo lugar, se analiza la violencia a partir del 1 de enero de 2023, día en que comenzaron los ceses al fuego bilaterales con cuatro grupos armados ilegales. En este primer mes del año se evidenció una reducción de los hechos de violencia tanto contra liderazgos sociales, políticos y comunales, como en el número de acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales. Sin embargo, se recalcan los incumplimientos al cese al fuego en varias regiones del país y el riesgo de violencia que aún perdura en municipios con fuerte presencia de grupos armados ilegales. En particular los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Cauca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca continuaron siendo focos de violencia y reclaman una intervención urgente e integral por parte de la institucionalidad.
En enero de 2023 se registraron 35 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales (24 amenazas, cuatro atentados, seis asesinatos y un hecho de violencia contra la mujer en política), que representan una reducción del 16.7 % respecto de los 42 registros de enero de 2019. Siendo especialmente llamativa la reducción de los asesinatos, que pasaron de 16 a 6. A pesar de ello, resulta preocupante que la violencia contra líderes y lideresas políticos se mantiene, con el agravante de que los hechos letales en su contra se incrementaron en un 66.7 % (al pasar de 3 a 5).
Sumado a ello, en el marco del cese el fuego tuvieron lugar un total de 54 amedrentamientos y 52 acciones armadas por parte de grupos armados ilegales (GAI). En comparación con diciembre y con ánimo de identificar el impacto del cese el fuego, enero significó una reducción de 32.9 % en las acciones armadas de los GAI, pero un incremento de 74.2 % en los amedrentamientos. Hecho que puede evidenciar que, aunque un periodo de cese el fuego tiene un impacto en términos del número de registros de acciones armadas entre el Estado y las estructuras armadas no estatales, ello no representa un debilitamiento en el control social ejercido por las últimas.
Recomendaciones de la MOE
Finalmente, en el último capítulo se señalan una serie de recomendaciones de cara a las elecciones locales de 2023 y ante el recrudecimiento de la violencia que se dio en 2022. Estas recomendaciones van dirigidas para la toma de acciones dirigidas a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que por medios democráticos buscan influir en las decisiones que afectan a sus comunidades. Entre ellas se hace énfasis en continuar con la realización de comisiones de seguimiento nacionales, departamentales y municipales, instar al CNE a que expida una resolución que complemente el protocolo de prevención y atención a la violencia política contra mujeres, y a avanzar en el principio de enfoque diferencial.
También se hacen una serie de recomendaciones con un enfoque electoral, enfatizando en fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales para prevenir la violencia política, impedir la entrada de recursos ilegales a las campañas electorales, establecer una diferenciación de los grupos armados ilegales clarificando la definición de “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, priorizar en la definición de los protocolos y mecanismos de verificación del cese al fuego e impedir cualquier involucramiento de los grupos armados ilegales con la política electoral.
