Aumentaron masacres en Colombia, según informe de la ONU

Juliette de Rivero la Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presento el informe anual de ddhh que se presentará el próximo martes 7 en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos.

Bogotá, 03 marzo 2023_RAM_La representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, aseguró que la situación de violencia en el país «está empeorando».

De acuerdo con el informe, en 2022 se verificaron 116 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en los territorios (107 hombres y 9 mujeres), de las cuales 23 víctimas fueron indígenas, 14 afrodescendientes y 52 campesinos.

En cuanto a los asesinatos de excombatientes de las Farc, las muertes de miembros de la Fuerza Pública y el reclutamiento infantil, el informe también dejó ver cifras en aumento, lo que se torna inquietante en medio de un proceso de paz y un cese al fuego, tal y como lo expresó De Rivero: «Nos preocupa la violencia que hemos visto y estamos dando seguimiento detallado. Son los grupos estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios y vulnerando el derecho a la vida».

De acuerdo con el informe, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el número total de homicidios de excombatientes de las antiguas Farc se elevó a 335, 50 de ellos presentados en 2022, año en el que también se registraron 103 homicidios a miembros de la Fuerza pública.

El informe arrojó un aumento de las masacres respecto a 2021, año en el que habrían muerto 78 personas. En 2022 se confirmaron 92 masacres.

También informó que en 2022 la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual.

“Existe un alto subregistro de estas violaciones y abusos. El débil acceso a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas”, indica.

“Según los estándares internacionales de derechos humanos, los grupos armados no estatales no deben, bajo ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a personas menores de 18 años y el Estado tiene la obligación de tomar las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, desmovilizar a los niños y las niñas reclutadas y brindarles toda la asistencia necesaria para su recuperación física y psicológica y su reintegración social”, resalta el informe.

El informe indica que el nuevo gobierno anunció un cambio en la política de drogas, con un enfoque menos punitivo, más social y de salud pública. Particularmente, anunció que privilegiaría la política de sustitución de cultivos sobre otros mecanismos y la inclusión de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas de drogas.

Así mismo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “este enfoque podría ser instrumental para proteger de mejor manera los derechos de los campesinos, de las comunidades indígenas y afrocolombianas y de las personas que usan drogas, tanto en Colombia como de manera global”.

Del mismo modo alerta que “el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos presenta aún retos en cuanto a su nivel de implementación. El avance en erradicación voluntaria de cultivos en el Programa es de un 75,07 % frente a la meta del cuatrienio”.

De otro lado, la Procuraduría señaló un aumento del 21 % en el número de familias que son retiradas del Programa de Sustitución por el incumplimiento de obligaciones o por no acreditar los requisitos de ingreso.

Justicia transicional

Sobre este informe expone que “la implementación de los planes regionales de búsqueda ha permitido avanzar en el hallazgo de personas dadas por desaparecidas. No obstante, se ve limitada por la crítica situación de seguridad en departamentos como Arauca, Chocó y Norte de Santander, y en regiones como el Pacífico Medio y Nariñense, entre otros. En la estrategia de impulso a la identificación se han abordado 34.238 expedientes de cuerpos no identificados”.

“La aceptación en agosto por parte del Estado de la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales constituye un importante avance para la búsqueda, la investigación y la erradicación de la desaparición forzada”, sostiene.