Prenden alertas sobre cuentas del Gobierno con regla fiscal para 2024

Bogotá, 11 julio, 2023_RAM_Pese a que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) destaca los principales aspectos sobre los que se construyó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y las medidas frente al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), critica los supuestos ingresos sobre la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la regla fiscal a mediano plazo.

«El CARF encontró que el MFMP fue construido con los supuestos adecuados y tiene elementos a destacar, como la programación del pago de la deuda del FEPC. Sin embargo, encuentra algunos temas preocupantes desde el punto de la sostenibilidad fiscal”, asegura Andrés Velasco, director técnico del CARF.

En particular, se cuestiona que el cumplimiento de la regla fiscal para 2024, 2025 y 2026 depende de unos ingresos que son temporales, en el contexto de la regla, unos ingresos no estructurales», agrega.

Menos gasto

Uno de las alertas tiene que ver con el deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno a 2024, que pese a haber aumentado los ingresos en cerca de 4 % del PIB con dos reformas tributarias, “se pierden los avances que se lograron en años pasados de reducir el gasto primario del Gobierno y, contrario a lograr que este monto llegue a 0% en 2023 y 2024, el incremento de 1,2 % del PIB en el gasto primario impone una mayor presión sobre las cuentas”.

La otra alerta roja es sobre los ingresos, pues el cumplimiento de la meta de déficit para 2024, 2025 y 2026 dependerá de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta, especialmente de arbitrajes de litigios, que deben ser considerados como transacciones de una única vez. Al hacer este ajuste, el gasto previsto en el MFMP no cumpliría con las metas de balance primario neto estructural de la regla fiscal en un monto cercano al 1 % del PIB para 2024, 0,6 % para 2025 y 0,3 % para 2026. Además, el CARF verificó que, al 31 de diciembre de 2022, el activo contingente estimado en cuentas de orden por litigios y arbitramentos ascendía a $29 billones.

“No se cuenta con información de cómo se ha consolidado este acervo, de cómo han sido los flujos de estos procesos, en particular, de cuántos recursos están entrando anualmente por este concepto para financiar el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el monto esperado para el primer año, 2024, por cerca de $15 billones, genera preocupación por su magnitud y las consecuencias sobre el financiamiento de la Nación si estos recursos se atrasaran o no se perfeccionaran”, sostienen los directivos de la CARF.

El recaudo

Asimismo, el MFMP presenta una programación fiscal al límite del cumplimiento de la regla fiscal, incluyendo ingresos adicionales sobre los que no se tiene seguridad, por gestión de la DIAN, equivalentes al 1,3 % del PIB.

“Dada la incertidumbre que afecta el escenario macroeconómico y fiscal y el contexto global, el CARF encuentra que no es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos como podrían ser menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta. De programarse el presupuesto del Gobierno nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales”, indica el informe.

Al clasificar estos recursos como no estructurales en el plan financiero de 2024, 2025 y 2026, el déficit del Balance Primario Neto Estructural resulta mayor (más negativo) que lo que obliga la transición de la regla fiscal para 2024 y 2025, y superior (más negativo) a lo que obliga la fórmula de la regla fiscal para 2026; según el artículo 61 de la Ley 2155, que modifica el artículo 14 de la Ley 1473 de 2011.

El déficit

Como resultado de lo anterior, el MFMP presentado por el Gobierno se aparta del objetivo de consolidación fiscal mediante la reducción progresiva del déficit fiscal y de la deuda neta, al menos temporalmente. Sin la reducción en los dos indicadores, déficit y deuda, se dificulta la convergencia hacia el objetivo planteado por la regla fiscal para el 2026, una vez termine el período de transición.

Señala que se programa una senda para el déficit total con 4,3 % del PIB para 2023, que implica una corrección (menor déficit) de 1 % del PIB frente a 2022; una ampliación del déficit a 4,5 % en 2024; para después retomar una senda de reducciones consistentes en el déficit, hasta 2,6 % del PIB en 2034. Más allá de los posibles riesgos sobre el escenario que se han descrito, el CARF observa que la naturaleza de transacción de única vez del arbitramento de litigios para los años 2024 al 2026 implica que la programación no estaría cumpliendo la regla fiscal para esos años.

De cualquier forma, la programación del MFMP implica una senda que mantiene el déficit total del Gobierno central más negativo que en los niveles anteriores a la pandemia, a diferencia de países como Perú, Chile y México, que corrigieron sus déficits a valores inferiores al 3 % del PIB.

Con este escenario “la deuda neta tendría una senda que está por encima de lo programado en el 2022, desde 2024 en adelante, y solo se podría converger al nivel ancla de la deuda neta, de 55 % del PIB, en 2034. Este escenario implica un deterioro de cerca de 1 % del PIB anual frente al del MFMP  anterior.

Amortizaciones

Por otra parte, el CARF calcula que, sumando los déficits totales y las amortizaciones de deuda programadas, las necesidades de financiamiento en 2023 y 2024 serían de $95 y 122 billones (frente a $81 y $82 billones en el Mfmp 2022), respectivamente. A partir de 2025 hasta 2031, la Nación requerirá de cerca de $120 billones anuales en promedio de financiamiento interno y externo (entre 7 y 5 % del PIB anuales).

Estos requerimientos de financiamiento implican un riesgo no menor, que va a seguir presionando los mercados de deuda soberana de la Nación y que necesitará de un nivel importante de credibilidad en la sostenibilidad fiscal para lograrse.

Fuente de recursos

El CARF indica que la producción de hidrocarburos continúa representando una fuente importante para la financiación de la Nación. De acuerdo con el MFMP, los ingresos petroleros para el periodo 2023-2034 se estiman en promedio en 1,0 % del PIB ($22,3 billones de 2023).

El proceso de transición energética y su impacto sobre la inversión y producción en el sector de hidrocarburos debe ser consistente con la programación fiscal en el mediano plazo. El CARF hace un llamado para que la transición energética sea pensada y programada de la mano con una transición fiscal que permita reemplazar los recursos necesarios de forma ordenada, por otros de carácter estructural que continúen financiando las cuentas fiscales de la Nación y las regiones.