Gobierno anula procedimiento de Policía en casos de porte y venta de droga
La medida derogada facultaba a la Policía a sancionar a quienes infringieran la ley.
Bogotá, 09 diciembre, 2023_RAM_El pasado 7 de diciembre los ministros del interior, justicia y defensa firmaron el decreto 2114 de 2023, que deroga el decreto 1844 del 2018, que estipulaba el procedimiento que debía emplear la fuerza pública para combatir el microtráfico en el país.
Esta medida, que fue incluida en la actualización al código de Policía realizada en 2018 durante la administración del expresidente Iván Duque, prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas y facultaba a la Policía a sancionar estas conductas.
“Derogar el Decreto por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas», se lee en el documento.
El decreto de tras páginas justifica que la decisión se tomó amparados en el Plan de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que estableció la nueva Policía Nacional de Drogas, «centrada en el cuidado de la vida, la transformación territorial y protección ambiental y salud pública».
Una nueva polémica surge en el país por cuenta del decreto que derrogó el Gobierno nacional que reglamentaba «parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”.
De acuerdo con el Gobierno, la razón para tumbar el decreto que le daba herramientas a la Policía para sancionar y judicializar a quienes tuvieran o vendieran este tipo de sustancias prohibidas es para fomentar » la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas y de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, consagrados en el bloque de constitucionalidad y desarrollados jurisprudencialmente”
Agrega que es » necesario no solo asegurar evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas, sino que también es necesario orientar los esfuerzos y la capacidad institucional, para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas, así como las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico, como fenómeno transnacional”
Es importante mencionar que el decreto 1844 de 2018 firmado por el entonces presidente Iván Duque buscaba atacar el consumo de drogas en Colombia.
El decreto de Duque contenía «medidas de naturaleza administrativa orientadas a propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público”
En el documento también estaba el procedimiento para la verificación, las consecuencias de la infracción y la incautación de las sustancias.
Reacciones
Uno de los primeros en pronunciarse fue el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien criticó la reciente decisión del gobierno Petro.
“El objetivo destruir seres humanos, a la sociedad colombiana. Ese fue siempre el objetivo del terrorismo que se derrotó en armas. Sus secuelas políticas se burlaron de la democracia para llegar al poder. Hoy ejercen no para el bien común con ideas sociales, sino degradan al país”, trinó Pinzón,
Entre tanto, el Centro Democrático señaló que es «Increíble. Una decisión que deja a merced del microtráfico las calles, parques y sitios públicos del país. Los más afectados nuestros niños, niñas y jóvenes».
El mismo expresidente Iván Duque se pronunció sobre la noticia e indicó que «el decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas».
As su vez, el presidente Petro señaló que «si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la Policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía».
Además, explican que se fundamenta “en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas y de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, consagrados en el bloque de constitucionalidad y desarrollados jurisprudencialmente”.
La determinación tomada por el Gobierno ya empezó a generar reacciones políticas. El senador Jota Pe Hernández dijo que “pareciera que el único fin de este Gobierno es beneficiar a los bandidos, con la derogación de este decreto se benefician los que se lucran del microtráfico, se perjudica el accionar de la Policía y a los padres que no quieren ver a sus hijos perdidos en las drogas”.
