Suspenden por tres meses al canciller Leyva por la Licitación de pasaportes
Suspenden por tres meses al canciller Leyva por la Licitación de pasaportes:
Bogotá, 24 enero, 2024_RAM_Por considerar que su continuidad en el cargo puede afectar el proceso de licitación de pasaportes y unas actuaciones que consideró falta gravísima con dolo, la Procuraduría General de la Nación suspendió Al canciller, Álvaro Leyva Durán por tres meses, al tiempo que le abrió juicio disciplinario.
Según el Ministerio Público, el canciller Leyva habría cometido dos faltas muy graves, a saber: declarar desierta la licitación de pasaportes sin tener fundamentos fácticos y técnicos para ello y declarar la urgencia manifiesta en desarrollo de dicho trámite contractual.
La Sala Disciplinaria de Instrucción calificada estas faltas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Sobre la decisión de la suspensión provisional la Sala Disciplinaria sostuvo que la medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
Finalmente, la Entidad dispuso el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.
Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro criticó la medida de la Procuraduría y los acusó de no dejarlos gobernar.
«Nos van a suspender ministros aquí, ministras allá, eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana, no nos van a dejar gobernar”.
En ese sentido, el jefe de Estado señaló que «es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático, pero con todo tenemos que hacerlo”.
Como se sabe, el pasado 15 de diciembre, tras fallar la posibilidad de una conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, esta firma interpuso contra la nación una demanda por $117.000 millones, luego de que se declarara desierta la licitación para elaborar pasaportes.
En esa fecha se realizó la audiencia de conciliación en la Procuraduría pero sin llegar a acuerdo alguno. En consecuencia, la empresa radicó de inmediato una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Se esperaba en la reunión la Cancillería hiciera ajustes a su propuesta de conciliación, como se quedó en el encuentro de días atrás, cuando funcionarios de este Ministerio se reunieron con representantes de Thomas Greg & Sons, y manifestaron la intención de llegar a un acuerdo para evitar un pleito.
Sin embargo, al concluir la audiencia la procuradora judicial Fernanda García explicó que “lastimosamente el resultado es que no hubo acuerdo conciliatorio. La Procuraduría hizo todos sus esfuerzos para sentar a las partes y manifestar cuáles eran las pretensiones de la parte convocante, no obstante, cuando se expide la certificación por parte de la Cancillería no se llega a un acuerdo”.
García detalló que “la parte convocante (Thomas Greg & Sons) presentó su fórmula conciliatoria que tenían que estudiar los miembros del Comité de la Cancillería y, a través del apoderado con facultad expresa para conciliar, tenía que manifestar la posición de los miembros del Comité”.
Agregó que “la Procuraduría requirió a la Cancillería, a través de su Comité de Conciliación, respecto de unas circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las que se llevaría el acuerdo y sobre ellas no hubo consenso”.
La Unión Temporal Pasaportes 2023, de la cual hace parte Thomas Greg & Sons, indicó en un comunicado que “en la continuación de la audiencia el apoderado del Ministerio manifestó que desconocía la fórmula de arreglo propuesta y ratificaba que el Comité no tenía la intención de modificar los términos en que expidió la certificación, con lo que, por ahora, se corroboró esa ausencia de ánimo y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo”.
