martes noviembre 19 de 2024

Consejo Gremial expresó su preocupación por la incertidumbre generada por el decreto reglamentario del presupuesto general de la Nación.

13 febrero, 2024 Económicas, Gobierno 2022-2026

Bogotá, 13 febrero, 2024_RAM_El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación ante la incertidumbre generada por el reciente decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación 2024 (PGN), el cual constituye el principal instrumento de gestión financiera en la política fiscal colombiana, abarcando la planificación y documentación del gasto público junto con sus fuentes de financiamiento.

Esta preocupación se centra en el destino de los 13 billones de pesos asignados para inversión en el PGN 2024, especialmente porque una parte considerable de esta inversión se dirige hacia el sector del transporte, aparentemente como resultado de decisiones de última hora ordenadas por la Presidencia.

El Consejo Gremial Nacional subraya que el mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos posteriores a las vigencias presupuestales en las que se asumieron dichos compromisos.

«Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones», dijo el Consejo.

Asimismo, el Consejo advierte que esta incertidumbre no solo afectaría a los proyectos en sí y a sus operadores y constructores, sino que también podría dañar la confianza que el Estado colombiano genera en los mercados nacionales e internacionales. “Esto conlleva riesgos significativos en términos de calificación crediticia y evaluación por parte de potenciales aliados”.

En el mismo sentido, el Consejo Gremial Nacional enfatiza que esta pérdida de confianza tendría repercusiones negativas al desarrollar nuevos proyectos o intentar adelantar trabajos público-privados, «que irán en detrimento del país, afectando la seguridad jurídica, la actividad económica, las inversiones en infraestructura y la generación de empleo y competitividad», finalizó el Consejo.

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