Corte Suprema denuncia asedio y exige garantías democráticas
La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Foto Corte Suprema de Justicia
Bogotá, 08 febrero, 2024_RAM_Ante el cerco que realizan los manifestantes, que acogieron el llamado del Gobierno para protestar ante la Corte Suprema de Justicia por las que consideran demoras en la elección de la Fiscal General, los magistrados de ese alto tribunal se dicen «estar sitiados» y exigen al gobierno no sólo respetar la independencia de poderes, sino dar garantías para que esa Corporación y todos los jueces del país puedan realizar su labor sin «presiones, hostigamientos o amenazas».
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro, hizo el siguiente pronunciamiento en nombre de todos los compañeros de ese alto tribunal.
«La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las {ultimas horas al Palacio de justicia de la capital de la República, situación que además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país.
Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación.
Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado.
La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho, como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia debe ser tramitado por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico.
La Corte Suprema de justicia exige al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta Corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”.
El pronunciamiento ocurre luego de que un grupo de manifestantes intentó entrar al Palacio de Justicia tras conocer que no hubo este jueves una decisión al respecto.
Aunque en la mañana el propio presidente Gustavo Petro instó a no realizar la protesta frente a la sede del alto tribunal, un grupo de manifestantes se concentró en el lugar y tras saber que no se dio la elección de una de las ternadas para suceder a Francisco Barbosa en la Fiscalía buscó, a la fuerza, entrar al lugar, pero la fuerte custodia policial les impidió el paso. Por ello mantienen bloqueado el lugar, impidiendo la entrada y salida de magistrados, funcionarios y personal que labora en este sitio.
Por esta razón, los magistrados permanecen en la tarde de este jueves en sus despachos y alistan un pronunciamiento, en el que rechazarán no solo estas presiones indebidas, sino que tildarán las mismas como una «ruptura institucional».
A esta hora varios helicópteros hacen sobre vuelos sobre el Palacio de Justicia para revisar la situación del orden público en este lugar.
En ese sentido, el director de la Policía Nacional, el general William Salamca, señaló que que ahorita la prioridad es la seguridad de los magistrados. Por lo tanto, no descartó el uso de la fuerza para despejar a los manifestantes.
Ante esta situación, la Corte Constitucional se pronunció al respecto e hizo un llamado a la sensatez y a la calma.
«Destaca la legitimidad de la libre movilización ciudadana,como genuina expresión de sus demandas y sus anhelos y enfatiza la obligación de todos los demás habitantes del país y de las instituciones, de respetarla y garantizarla», señala el alto tribunal.
Sin embargo, también señala que «lama la atención en la necesidad de que no se bloquee, presione o amedrente a las Instituciones de la Justicia. Los jueces en todos los niveles requieren de tiempo, espacio y condiciones aptas para una adecuada deliberación y decisión de los asuntos y encargos propios».
En su comunicado también «reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los
ciudadanos, todos, estamos esperando».
Ante las diversas reacciones en redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta de X, en donde le ordenó a la Policía Nacional actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quienes se tratan.
Comunicado de la Corte Suprema de Justicia
Bogotá, D.C., jueves 8 de febrero de 2024. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país.
Como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser
impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado.
La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia.
En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico.
La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas.
