Petro y la unificación de los servicios de inteligencia: «el Estado soy yo»
Juan Manuel Galán
La columna del 5 de mayo de 2024 de Yohir Akerman, El decreto para unificar los servicios de inteligencia, desvela los nefastos efectos que tendría —de expedirse— el borrador del acto administrativo con el que el presidente Gustavo Petro pretende unificar en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las funciones de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. El plan, como bien destaca Akerman, amenaza con revertir los avances en la regulación de actividades de inteligencia, instrumentalizando políticamente estos cruciales organismos.
El borrador de decreto propone que la DNI, bajo la dirección del cuestionado Carlos Ramón González, se convierta en el eje central de la inteligencia colombiana. La centralización no solo es preocupante por su potencial para socavar la especialización y efectividad de las distintas agencias, sino porque otorga un poder extraordinariamente amplio a un funcionario que depende directamente del presidente. Esta medida parece entonces una maniobra para colocar o convalidar el ejercicio inconstitucional de la capacidad de inteligencia bajo el control directo de Gustavo Petro, facilitando su uso para la persecución política de adversarios.
El proyecto del presidente Petro excede las competencias del ejecutivo al violar directamente los principios establecidos en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, de la que fui coautor y ponente hace ya más de una década. Los servicios de inteligencia solo deben servir a la defensa de los derechos humanos y, en ninguna circunstancia, deben quedar a merced de intereses transitorios, aunque sean con vocación de permanencia, de una u otra administración. Tal es el rumbo al acantilado del autoritarismo.
Con la promulgación de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, avanzamos hacia un modelo en el que la inteligencia está sometida a controles estrictos, lo que asegura que sus actividades sean siempre justificadas e, incluso, sujetas a la autorización de un juez cuando se trata de interceptar comunicaciones. El modelo está diseñado para proteger al ciudadano y sus libertades, no para amedrentarlo. La ley estableció claramente la misión y los objetivos fundamentales de los organismos de inteligencia, poniendo un énfasis sin precedentes en la protección de los derechos humanos.
En cambio, el borrador del decreto representa el deseo de regresar a los oscuros días del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde se realizaban perfilamientos y seguimientos ilegales a una amplia gama de ciudadanos, desde periodistas y defensores de derechos humanos hasta políticos y magistrados. Los abusos perpetrados por el temido DAS incluyeron no solo la vigilancia y acoso al contrincante político, sino que incluso llegó al concierto para ejecutar a Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro y mi padre, Luis Carlos Galán. Este tipo de actividades son inconstitucionales en cualquier estado que se precie de ser una democracia.
En ese entonces, la inteligencia operaba en un vacío de responsabilidad, creando sus propios objetivos sin rendir cuentas a nadie. Con la Ley 1621, debe seguirse una lógica de demanda, donde existe un responsable político y uno operativo que definen y requieren específicamente lo que los organismos de inteligencia deben hacer, garantizando así que su trabajo se alinee con los intereses nacionales legítimos y no con los caprichos de los gobernantes de turno.
El decreto propuesto desconoce los derechos consagrados en la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. El presidente, en uno de sus peores momentos de desesperación, optó por un modelo que centraliza el poder del Estado. «L’État, c’est moi».
El camino propuesto por el presidente Petro es, en mi opinión, no solo regresivo sino peligrosamente autoritario. Rechazo este borrador de decreto e invito al Gobierno a recuperar su discurso de protección de derechos humanos, que priorice la legalidad y el Estado de derecho sobre la conveniencia política o el poder ejecutivo expansivo. Es esencial proteger el principio democrático y asegurar que ninguna propuesta como esta obtenga el visto bueno de actores con malas intenciones.
