Petro negó relación de su gobierno con presuntas chuzadas
Presidente Gustavo Petro
Bogotá, 25 jun (Prensa Latina) El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró hoy que el Gobierno Nacional no incurre en la interceptación de comunicaciones pues esta constituye una práctica explícitamente prohibida.
En su red social X, el mandatario aseveró además que solo se investiga a grandes criminales con la inteligencia del estado, estrategia que, según apuntó, resulta exitosa.
Los comentarios de Petro ocurren después de que el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez, denunciara ser víctima de supuestas interceptaciones ilegales en una carta que entregó a la Fiscalía General, pero sobre las que no ha podido entregar pruebas hasta el momento.
A propósito, el jefe de Estado comentó que, si al magistrado en cuestión le ha llegado mensajes con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan romper las relaciones personales al interior del gobierno y también las del gobierno con otras ramas del estado.
Pidió entonces “dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”.
Sobre las presuntas escuchas ilegales en la Corte Constitucional, la Presidencia de Colombia emitió durante la víspera un comunicado en el que reafirma su compromiso de proporcionar la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar la situación.
Según la información difundida, desde que se hizo pública una supuesta operación de interceptaciones, se solicitó una pesquisa a control interno y a control interno disciplinario de la entidad para determinar circunstancias irregulares en los procesos de las oficinas de Secretaría de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia.
Apuntó además que se estableció contacto formal con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso.
Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas, señaló la nota.
